Alrededor del 87,7% de los agrotóxicos autorizados durante el gobierno de Jair Bolsonaro se producen fuera de Brasil.

En este cálculo se tiene en cuenta la fabricación primaria del producto técnico, que, según el Decreto 4.074/2002, sería el que «se obtiene directamente de las materias primas mediante procesos químicos, físicos o biológicos, (…) cuya composición contiene una proporción definida de principio activo e impurezas, y puede contener estabilizadores y productos afines».

Desde el comienzo del gobierno, el 1 de enero de 2019, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) concedió 945 nuevas licencias para productos agrotóxicos, un récord en comparación con los gobiernos anteriores. De ellos, 580 productos técnicos se fabrican en China, 116 en Brasil, 79 en India y 55 en Estados Unidos.

El abogado, investigador y miembro del Foro de São Paulo para Combatir los Impactos de los Agrotóxicos y Transgénicos, Marcelo Novaes señala que la liberación récord de agroquímicos y las exenciones al sector «vacían los ingresos nacionales» y transfieren la riqueza fuera del país.

«Esta industria forma parte del presupuesto federal y de los estados. No de forma positiva, contribuyendo con impuestos, sino en el sentido de incentivos fiscales que alcanzan los 3.000 millones de dólares al año, dejando un vacío que toda la sociedad tiene que aguantar», dice.

En los 60, recuerda el investigador, Brasil gastó aproximadamente 40 millones de dólares al año en la importación de productos agrotóxicos. En 2020, el gasto estimado corresponde a más de 7.200 millones de dólares.

Las exenciones arancelarias representan alrededor del 30% de este sector. En otras palabras, el país deja de recaudar impuestos para estimular la compra de insumos extranjeros utilizados en los cultivos brasileños que se destinarán, en gran medida, a la exportación – el 80% de los agrotóxicos se utilizan en los cultivos de soja, caña de azúcar, maíz y algodón.

Dado que la agroindustria paga miseros impuestos sobre la venta de la producción, los únicos beneficiarios de este modelo son los terratenientes, las empresas exportadoras de commodities y los fabricantes de insumos agrícolas.

El déficit comercial de la industria química brasileña saltó de 1.500 millones de dólares en 1991 a 29.300 millones de dólares en 2020, según un cálculo de la Asociación Brasileña de la Industria Química (ABIQUIM). El valor gastado en importaciones es casi cuatro veces mayor que el valor obtenido con las exportaciones del sector.

En otras palabras, Brasil ofrece su tierra y dinero, por medio de exenciones arancelarias, y se queda con la carga: concentración de tierras, daños a la salud de los trabajadores y al medio ambiente, balanza comercial desfavorable.

Modernización

Novas interpreta que la Ministra de Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, alienta el proceso de financiar y extranjerizar el modelo agrícola vigente en el país.

«No es que los anteriores [ministros] no tuvieran esta característica, porque está en el ADN de nuestra burguesía agraria. Pero Tereza Cristina, con mucha más competencia, la ‘moderniza’ y fomenta la extranjerización y financiarización desvergonzada», añade.

La empresa que encabeza la lista de productos técnicos licenciados durante el gobierno de Bolsonaro, con 72 productos, es la compañía china Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. En segundo lugar está la estadounidense Dow, con 31 productos – cuatro de ellos, fabricados en una filial en Sudáfrica.

Entre los agrotóxicos cuyo producto técnico se fabrica en el Brasil, Ballagro Agro Tecnologia Ltda. (11) y Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda. (10) encabezan la lista. 

De los 645 productos que recibieron licencias del gobierno de Bolsonaro, 311 tienen componentes prohibidos en la Unión Europea debido a su toxicidad.

«No se trata sólo de proteger la salud y el medio ambiente: el modelo agroexportador vacía la renta nacional. Genera una gran riqueza, pero que es absorbida fuera del país por los grandes exportadores y empresas extranjeras de suministro de insumos», subraya Novaes.

En este informe se utilizó parte de la base de datos sistematizada por el geógrafo Marcos Antonio Pedlowski, docente asociado de la Universidad Estadual do Norte Fluminense (UENF), en Rio de Janeiro.

Bolsonaro y China

En una reciente entrevista con Brasil de Fato, el investigador llamó la atención sobre las contradicciones en la relación entre Bolsonaro y China.

En sus discursos oficiales y sobre todo en sus redes sociales, el mandatario ultraderechista se ha pronunciado en contra de CoronaVac, una vacuna en fase avanzada de pruebas contra el coronavirus, debido a su origen chino. Por otro lado, no mantiene el mismo «rigor ideológico» en otros sectores de la economía.

«Todo este debate es una cortina de humo», dijo Pedlowski. «Los chinos son muy eficientes y tienen productos en cantidades gigantescas. Brasil no puede «deshacerse» de China porque la dependencia es demasiado grande. Y el neoliberalismo sin límites de [Paulo] Guedes [ministro de economía] permite a China hacer lo que quiera».

Más del 80% de los agrotóxicos chinos autorizados en Brasil entre 2019 y 2020 concentran la fabricación del producto técnico concentrada en sólo dos estados: Shandong y Jiangsu.

Otros datos

Un análisis acerca de los fabricantes de agrotóxicos a los que el gobierno brasileño concedió licencia refuerza la preponderancia del gigante asiático en el sector. De las 10 empresas que encabezan el ranking de fabricación de productos técnicos, cuatro son de China y dos pertenecen a empresas de otros países compradas por China: Adama (Israel), con 14 productos, y Syngenta (Suiza), con 16.

«El modelo agroexportador depende de los productos químicos y prácticamente no existe una industria nacional», resume Novaes.

En los últimos 20 años, se han registrado unas 17.000 patentes de herbicidas. De estos, sólo 170 son de empresas tienen capital nacional.

De los 945 productos autorizados por el gobierno de Bolsonaro, 704 se fabrican en Asia, 59 en Europa y sólo seis en otros países de América Latina -dos en Argentina, dos en México, uno en Perú y uno en Paraguay.

«No se trata de luchar contra el desarrollo de las fuerzas productivas. Es necesario que haya tecnología, pero hay espacios para buscar tecnología que no sea depredadora del medio ambiente y dañina a la salud», concluye el investigador y miembro del Foro de São Paulo para Combatir los Impactos de los Agrotóxicos y Transgénicos.

Por Daniel Giovanaz para Brasil de Fato y traducido por Resumen Latinoamericano.