Ahora corresponde que el texto legal, que busca reformar el Código Penal, vaya a la Cámara de Diputados para ser debatido.
La plenaria del Senado brasileño aprobó el miércoles el proyecto de ley que aumenta la pena para los delitos de discriminación sexual y racial. La medida se produce en medio de la ola de indignación y protestas tras la muerte de un hombre afro por la brutal golpiza de dos vigilantes de un supermercado en Porto Alegre.
El proyecto fue introducido por el senador del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Paim, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ahora pasará a la Cámara de Diputados y, de ser aprobado en esa instancia, irá al Ejecutivo, que podrá sancionarlo o vetarlo.
Paim, quien escribió en su cuenta de Twitter que espera que los diputados aprueben el proyecto "lo más rápido posible", dijo en la sesión que "el Senado está de lado de la sociedad y no está de acuerdo con el racismo ni la discriminación, como lo manda la Constitución".
Este texto legal busca modificar el Código Penal al considerar la discriminación como agravante por motivos de raza, color, etnia, religión o nacionalidad y orientación sexual, recoge la página web del Senado. Actualmente se establece una pena de detención de uno a tres años para quien "injurie a alguien y ofenda su dignidad y decoro".
Durante el debate, el senador Rodrigo Pacheco, del partido centroderechista Demócratas, afirmó que el país "vive tiempos de intolerancia", con referencia al caso de Joao Alberto Silveira Freitas, de 40 años, quien el pasado 19 de noviembre murió de asfixia tras ser reducido y golpeado por los agentes de seguridad de un establecimiento de Carrefour.
El crimen de odio contra Silveira Freitas desató protestas multitudinarias y disturbios en algunas sedes de la cadena de supermercados francesa en el país suramericano, que fueron rechazados por el presidente Jair Bolsonaro, quien desestimó la razón de las manifestaciones y afirmó que existen sectores interesados en "crear tensiones" y "fabricar discordia y conflictos" con la finalidad de ejercer el control.
Por su parte, Paim, quien ha sido el impulsor en el senado del proyecto de ley, afirmó en un artículo de opinión publicado recientemente en O Dia que el racismo en Brasil es "estructural y secular" y que "mientras haya racismo, no habrá democracia".
El también defensor de los derechos humanos recordó en su escrito los datos ofrecidos por el activista André Constantine, del movimiento 'La favela no se calla', quien afirma que "cada 23 minutos, un joven negro muere asesinado en Brasil". "De cada 100 personas asesinadas (...) 77 son negras. La política de guerra contra las drogas se transformó en un genocidio del pueblo negro", concluyó.