La respuesta de Arcioni para imponer la megaminería, prohibida hace 17 años en la provincia. Las detenciones fueron porque «se resistieron a la identificación dice el policía». Pero el operativo estaba encabezado por el jefe de la División de Investigaciones de Rawson, Juan Carrasco, que estaba sin identificación visible y de civil, según denunció SADOP Chubut

Bajo la consigna #chubutAGUAzo, las calles de Chubut volvieron a colmarse de protestas contra el proyecto de zonificación minera de @arcionimariano. «El proyecto de ley entrega el río Chubut a la minería uranífera,la más dañina de todas», denuncian.

Luego de las movilizaciones en la Casa de Gobierno de Chubut, el gobierno de Mariano Arcioni respondió con persecuciones y allanamientos a los manifestantes que repudiaron el apoyo del gobernador al desarrollo de la minería. Si bien hubo manifestaciones en toda la provincia, en la capital Rawson se dio el mayor conflicto. El lobby minero presiona nuevamente para impulsar proyectos insustentables, y pese al interés público que rechazó estas iniciativas a lo largo del tiempo, el sector público parece responder más al interés privado.

Comenzar estas líneas hablando de crisis de representación democrática resulta impactante. Más si atendemos directamente a nuestra historia nacional y regional, plagada de intervenciones militares e irrupciones dictatoriales. Pero si a la potencia conceptual del significado apuntamos, nos resulta pertinente la categoría porque las instituciones parlamentarias, así como los representantes de la ciudadanía en el Gobierno, poco están atendiendo a las demandas sociales por las cuales dicen luchar, y mucho están trabajando para profundizar la crisis ambiental y engorsar las cuentas de los dueños de grandes capitales trasnacionales.

Pero hay más argumentos para sostener esta posición. Luego de las movilizaciones de las asambleas y las organizaciones ambientales en Chubut, en contra de los proyectos que avanzan en materia de megaminería, el gobernador Mariano Arcioni respondió con persecuciones y detenciones arbitrarias. Según el comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), el Estado provincial “se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes”. En consonancia, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), emitió un comunicado donde enfatizó que “no habrá paz social con mineras en los territorios”. “Hacemos llegar nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut ante el avasallamiento que están sufriendo por parte del gobierno provincial, operando, mintiendo y reprimiendo a las protestas vecinales con el objetivo de instalar la megaminería contaminante en la provincia”, expresaron en su sitio web oficial.

Y como si fuera poco, la cuestión ambiental se entrama con una idea que es necesario sostener. La apropiación de bienes comunes para el beneficio privado representa una quita de lo que es de todos, por parte de los que todo lo tienen. El extractivismo, como política de Estado, es la perpetuación del robo sistemático a los pueblos y a la naturaleza. La consideración de los bienes comunes como “recursos” le aporta, a todos ellos, una cualidad mercantil que no debería existir. 

Y la lucha está allí. Nos vienen bien las palabras de Pino Solanas quien en 2016, y al respecto del Decreto 349/2016, que otorgó grandes exenciones impositivas a las mineras, explicó que “se suma a la innumerable lista de ventajas impositivas que goza el sector minero exportador”. A los hechos nos remitimos: Barrick Gold obtuvo reducciones importantes en materia fiscal sobre el uso de agua. Según el portal No a la Mina, “Barrick Gold paga $0,50 el metro cúbico (1.000 litros) por el agua más pura del planeta. Si creemos que gasta 110 litros por segundo, usarían 9.504.000 litros por día. Es decir pagan 4.750 pesos por día, o 142.000 pesos por mes. Ahora si comparamos el valor del metro cúbico que paga cualquier hijo de vecino en Buenos Aires ($5,74 aprox.) nos damos cuenta que el valor es 10 veces más”.

Entonces, cuando la política pública se dedica mayormente a la reproducción de los beneficios históricos de los grandes capitales, y yuxtapone a los mismos sobre los intereses sociales, estamos en condiciones de decir que existe una seria crisis de representación democrática. El entramado minero que tiene lugar en Chubut encarna serios, profundos y complejos conflictos de la política provincial y nacional. Fiel a su estilo, la frase “todo ambiente es político” se vive a flor de piel en cada asamblea.

El eje del conflicto actual

La provincia de Chubut es un territorio de históricas luchas. El plebiscito del año 2003 en Esquel contra la Meridian Gold es un ejemplo, así como el impedimento de la derogación de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, y la utilización de cianuro en los procesos de producción de minera. Y hoy, nuevamente, el pueblo se mantiene firme contra la instalación del Proyecto Navidad, de propiedad canadiense, contra los lobbies y contra el mismo gobierno provincial.

Pablo Lada, referente de la UACCh, indicó en entrevista que existe un gran lobby empresarial y público. Por un lado, remarcó que, tanto la designación de Alberto Hansel como Ministro de Minería, así como Martín Cerdá, ex-ministro de Hidrocarburos de Chubut y actual presidente del Consejo Federal de Minero, representan intentos de boicot a la Ley 5001 y de instalar como prioritaria, “la vuelta del Proyecto Navidad”. Por otro lado, en sus redes sociales Lada señaló que la persecución que tuvo lugar el 13 de Noviembre “es parte de un circo criminalizador”. Los asambleístas estuvieron detenidos durante el tiempo que duraron los allanamientos, y a las pocas horas no quedó nadie recluido, explicó.

El conflicto social de hoy se explica en un repaso de los últimos años, donde la economía provincial atraviesa un estado de constante recesión. La actual reacción social es producto de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara, en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero, la intención de habilitar la explotación minera a cielo abierto. 

El neoliberalismo extractivista siempre ha sido pionero en generar problemas sociales, y luego otorgar una “solución” económica. Curiosamente, dicha herramienta resolutiva termina siendo sufrida por la clase trabajadora. Y, en reiteradas oportunidades, sobre todo el conjunto social. En este marco de crisis, la megaminería emerge “como la única salida para poder paliar la crisis”. Es por ello que se presiona con un mensaje que es claro: más puestos de trabajo para más producción y más comercio. Aunque, sí a los papeles vamos, la dirigencia política nunca estableció una discusión concreta para la elaboración de nuevas matrices productivas. Más teniendo en cuenta el gran rechazo social acerca de la actividad extractiva en la región.

Logró, en todo este trayecto, abrocharse el sentido de la necesidad ideológica. En esta, se asocia directamente a una problemática con una solución directa, pero nunca se reflexiona sobre el origen de la problemática ni por la naturaleza de la resolución. Aquí, la idea que se sostiene es que es necesaria la megaminería para salir de la crisis. Dentro del sentido común, suena lógico que un aumento de la actividad comercial podría, en consecuencia, demandar mayor mano de obra. Sin embargo, la materialidad de los hechos marca otra cosa. Es falso el cálculo “a mayor minería, más puestos de trabajo”. Y, más importante, es que la megaminería es uno de los principales conflictos ambientales por los que la región ha sido azotada, y por los que hoy podemos hablar de crisis de soberanía territorial y de recursos. 

Maristella Svampa, socióloga, indicó en Radio Gráfica que es necesario romper con la falsa dicotomía entre lo social y lo ambiental. “No son modelos de trabajo intensivo sino de capital extensivo, porque exigen una gran inversión de capital. Hay que ir a San Juan, a Catamarca, donde hay megaminería, a ver si ha creado fuentes de trabajo. No es cierto, es mínimo lo que ha generado”. Asimismo, añadió que “esa es una falsa oposición que tenemos que ir desarmando. Lo que hemos visto es que con más extractivismo en Argentina no hemos resuelto el tema de la pobreza, y mucho menos el de la desigualdad. Hay más concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza tiene que ver con más extractivismo”.

Como señalan Matías Blaustein, Federico Giovannetti, Florencia Arancibia, Nicolás Fernández Larrosa, Juan Wahren y Cecilia Rikap, en su trabajo “No es posible una mega minería sustentable”, rompen con el mito de que “la megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”. Señalan, en el informe, que esta afirmación es falsa, y que “en los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza”.

El quid de la cuestión: el Proyecto Navidad

Detrás de todo, asoma el Proyecto Navidad. De propiedad de la canadiense Pan American Silver, se trata de un yacimiento de plata y plomo. Desde sus inicios tiene un prontuario de desastres e irregularidades: desde el litigio judicial por 10 mil hectáreas de la meseta de Chubut, hasta la profanación de un cementerio mapuche en el año 2005. La adquisición del proyecto por parte de capitales canadienses se dio en el año 2009, y desde allí las presiones y los lobbies no cesaron. Y es por ello que el argumento del docente y periodista Pablo Quintana es más que interesante: “Es mucho lo que está en juego en Chubut por estos días. No sólo por lo que implica el pretendido desembarco minero, sino porque la crisis institucional de la provincia pone en evidencia que la democracia representativa tal cual como la conocemos se fue deshilachando hasta convertirse en una mera democracia delegativa”. Agregó que “lo que está en juego es el propio sistema o lo que queda de él”.

Lo mencionado por Quintana es fundamental para reflexionar sobre el estado crítico del medio ambiente y de la soberanía territorial y de los pueblos. Lo que se produjo es una inversión (progresiva y planificada) de los roles, en donde el Estado se ha acotado para darle lugar a capitales extranjeros cuya inversión no resulta productiva, sino extractiva.

El conflicto, como vemos, no es nuevo, y abarca una extensa cantidad de años y de disputas. Pero, desde diciembre de 2019 hacía el día de hoy, el constante intento de sabotear y derogar la Ley 5001 y de establecer al extractivismo como horizonte productivo cuestionó, en primer lugar, si el sector público realmente se preocupa por escuchar las demandas sociales. Y en segundo lugar, esto implicó que producto de la carencia en la escucha social, el pueblo responda con protesta.

Y el estallido de esta última semana se dió luego de que el gobernador Arcioni haga público, en sus redes sociales, el apoyo al desarrollo de una minería. “Hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería”, explicó. Pero este es otro mito que en el informe citado previamente, los investigadores señalan como falso: “La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”.. Esto no es así, indican, toda vez que las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. “Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan millones de litros de agua con químicos tóxicos”, argumentaron los investigadores.

La ecuación de esta operación política tiene como resultado la falta de escucha al pueblo y la producción de políticas públicas que benefician a los privados. La persecución a los manifestantes y a los asambleístas es una muestra de lo poco democrático del proceso y del poco interés que tiene el Gobierno en resolver los problemas de la ciudadanía. Y fundamentalmente, de desarrollar proyectos sustentables y sostenibles como horizonte próximo. El (poco) interés es notorio.

En este contexto, no se encuentra la comprensión definitiva de que, realmente, el agua vale más que el oro. Y este histórico reclamo debe, más que nunca, ser escuchado. Y nunca más ser perseguido.

Por Juan Patricio Méndez para Resumen Latinoamericano.