Mucho antes de que Emmanuel Macron se haya visto envuelto en la polémica por su decisión de erradicar las organizaciones salafistas de Francia, el socialdemócrata musulmán Ahmed Marcouch proponía desde el Parlamento holandés ilegalizarlas en Países Bajos y poner fin a la financiación extranjera de estas instituciones, alegando el peligro que suponen para los jóvenes musulmanes que acuden a ellas en busca de respuestas que definan su identidad religiosa.
“Lo que hay que decirles a los jóvenes es que, si el profeta Muhammad estuviera vivo, elegiría Francia a Arabia Saudí”, sentencia el político. Él cree sería de “gran ayuda que los políticos empezaran a ver al salafismo como la ideología radical que es”.
Marcouch, musulmán practicante, subraya que muchas familias musulmanas, distanciadas de esa ideología, viven inquietas por temor a que sus hijos “caigan en manos de estos grupos, que les llenarían la cabeza de basura”, e insta a abrir los ojos ante “la agria realidad de que en Europa hay grupos radicales islamistas convencidos de que la ley islámica debe regir nuestras vidas y convencen de ello a los jóvenes” europeos.
Bloquear la financiación extranjera de las mezquitas, instituciones educativas y centros religiosos es “vital” para frenar su avance y garantizar que sus ideas no se sigan multiplicando. “Lo que vemos es a Turquía y los países del Golfo atacando a Francia, cuando son ellos los que exportan estos movimientos hacia Europa, los mismos que luego animan a los jóvenes a caer víctimas de la radicalización.
Este político socialdemócrata entiende que estas organizaciones, que promueven el terrorismo, son “especialmente peligrosas” para los propios musulmanes. Además de disparar el racismo hacia los musulmanes al actuar en su nombre, más del 82% de las víctimas de grupos como el Daesh son seguidores del islam que se han negado a aceptar sus preceptos en diferentes puntos del planeta.