El liderazgo social es la expresión política de las comunidades en los territorios, ellos son bastión de lucha y resistencia contra el olvido estatal y el asedio de empresarios y de las multinacionales, quienes son los principales beneficiarios del actual Genocidio.

El exterminio del liderazgo social que sufre Colombia proviene de la codicia de grandes empresas interesadas en extraer bienes naturales, en el agronegocio y en construir grandes proyectos de infraestructura; las que para imponerse y controlar al territorio usan a las Fuerzas Armadas y los narcoparamilitares para masacrar, despojar y desterrar a sus opositores, sean ellos líderes comunitarios, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, activistas políticos o ex combatientes firmantes del Acuerdo de Paz.

Ana María Rodríguez integrante de la Comisión Colombiana de Juristas afirma que “hay pautas y patrones que permiten identificar que hablamos de una violencia con premeditación, con actores específicos que varían de región en región pero que no son al azar” [1].

El Gobierno de Duque está empecinado en destrozar lo que queda del maltrecho Proceso de Paz; por un lado, lo ataca jurídica y administrativamente al desconocer lo Acordado; por otro lado, ha sido cómplice del asesinato sistemático de 238 ex combatientes, lo que deja interrogada la posibilidad de una Solución Política del Conflicto Armado. 

En este contexto el 21 de octubre los ex combatientes de las FARC iniciaron la Peregrinación por la Paz y por la Vida, una marcha que comenzó en varias regiones del país y que llegó hasta Bogotá, para visibilizar el Genocidio y exigir garantías para ejercer la oposición política.

El asesinato de ambientalistas favorece a las multinacionales

El asesinato de los ambientalistas Juana Perea, opositora de la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Tribugá, Chocó, y Alejandro Llinás Suárez opositor a la construcción de complejos hoteleros en el Parque Tayrona en Santa Marta; son muestra tangible de la relación directa entre el Genocidio y los intereses económicos de las multinacionales.

Según el informe de Global Witnees en 2019 asesinaron 64 defensores ambientalistas, convirtiendo a Colombia como el país más peligroso para ejercer la defensa ambiental [2]; además, las ONG´s Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), afirman que el modelo económico extractivista colombiano exacerbó los conflictos socioambientales, y que las más afectadas son las mujeres indígenas, campesinas y a las defensoras ambientales [3].   

Los silenciados de esta semana

Audberto Riascos de 60 años, líder de la comunidad negra de Cabecitas y Rocío Alomía Mantilla de 31 años, integrante de la comunidad de Santa Cruz, Consejo Comunitario de El Playón, fueron asesinados el primero de noviembre en la vereda Guaico Alizal del corregimiento Santa Cruz – Alto Sigüí en López de Micay, Cauca.

La comunidad San Salvador Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en Puerto Asís, Putumayo, denunció que el 2 de noviembre helicópteros antinarcóticos desembarcaron unidades regulares para procesos de erradicación con Glifosato, y agredieron la población con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, resultando herido en el rostro un menor de edad.

Jorge Solano Vega integrante de la organización de Derechos Humanos, Tierra y Vida, había realizado denuncias contra Emiro Quintero Cañizares, Gerente del Hospital Regional de Ocaña, por actos de corrupción y por el uso de ambulancias para transportar cocaína; fue asesinado el 3 de noviembre en el sector de Miraflores en Ocaña, Norte de Santander.

Gonzalo Hincapié era Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cristalina en El Peñón, Antioquia, fue asesinado el 3 de noviembre en su vivienda.

Óscar Sampayo integrante del Programa Socioambiental de la Corporación Podion y 14 líderes ambientales que vienen oponiéndose al Fracking en el Magdalena Medio, fueron amenazados de muerte el 4 de noviembre por el grupo paramilitar Águilas Negras.

Janier Córdoba de 38 años, era integrante del partido FARC y miembro de la Cooperativa de Firmantes del Acuerdo, fue asesinado junto a su compañera sentimental Katherine Álvarez de 30 años, el 4 de noviembre en el barrio Las Palmas en Buga, Valle del Cauca.

La comunidad del corregimiento Bijagual de Nechí, Antioquia, el 3 de noviembre denunció que sicarios perpetraron una masacre que dejó cinco víctimas fatales, Robinson Rafael Arrieta Vergara de 44 años, Orlando David Pérez de 31 años, Gregorio Bolívar Arévalo de 33 años, José Gabriel Castro Mestra y Yidis Paola Avilés Pérez de 21 años.

Hernando Ramos era un indígena ex combatiente al ETCR Carlos Perdomo ubicado en Los Monos en Caldono, Cauca, integraba la Cooperativa Multiactiva ECOMÚN La Esperanza del Pueblo, fue asesinado el 6 de noviembre a pocos metros del ETCR.

Josúe David Pascué Tenorio de 11 años, pertenecía a la comunidad indígena de Chinas en Paéz, Cauca, fue asesinado el 8 de noviembre por una bala perdida salida de un enfrentamiento entre la Fuerzas Armadas y la columna Dagoberto Ramos.

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[1] Defender y liderar’: ¿qué ocurre con los defensores en Colombia? Jurista Rural, 08-10-2020.

[2] Colombia, primer lugar en el mundo por líderes ambientales asesinados. El Tiempo, 06-07-2020.

[3] Proyectos extractivos representan un mayor riesgo de violencias contra las mujeres: ONG´s. Contagio Radio, 05-11-2020.

Por Himelda Ascanio para Rebelión.