El nuevo Código Penal sigue cumpliendo su propósito. Este 8 de octubre, el Juzgado Penal de Francisco Morazán ha aplicado a pie juntilla esa legislación, para dictar auto de formal procesamiento con medidas diferentes a la prisión preventiva para el ex director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y el ex administrador de la institución, Alex Moraes.

Con la decisión, el Poder Judicial que preside el abogado Rolando Argueta (de filiación con el partido en el poder), ha permitido a los imputados poder defenderse en libertad, pese a que el Ministerio Público (MP), solicitó la prisión preventiva en base al artículo 178 Numeral 2 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la posible obstrucción de la justicia por parte de los imputados, en vista de que estos siguen siendo investigados en otros casos por compras anormales durante la pandemia.

Bográn y Moraes son acusados del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño, después que “con pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos que fueron aprobados para el manejo de la pandemia al hospedar y alimentar a cuatro funcionarios de Invest-H en un hotel de lujo, a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de Tegucigalpa”, ha dicho el MP.

Y el Juzgado Penal, ubicado en Comayagüela, ha decidido dar de nuevo el beneficio a Bográn de defenderse en libertad, por el caso que se le señala cuando siendo director de Invest-H benefició a su tío Napoleón Bográn Idiáquez, con el contrato de construcción de uno de los siete “desechos móviles” que el ex funcionario ha comprado al supuesto empresario Alex López, después que el mandatario Juan Hernández aprobara la adquisición de siete hospitales para el tratamiento de pacientes contagiados con el virus Covid-19.

La investigación afirma sin haber sometido a aprobación de la junta directiva de Invest-H, Bográn concedió el contrato a su tío Napoleón, propietario de la empresa Consultores en Ingeniería SA de CV (Cinsa), para “la supervisión de una obra donde se construiría el plantel en Santa Rosa de Copán en el que funcionaría el hospital móvil. El monto del contrato es de un millón doscientos mil lempiras, dinero que fue pagado incluso a pesar de que la construcción no se ha concluido”, lo que violenta la Ley de Contratación del Estado que en su artículo 15 numeral 6, establece que no se puede contratar a parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

“El monto del contrato es de un millón doscientos mil lempiras, dinero que fue pagado incluso a pesar de que la construcción no se ha concluido”, sostienen las autoridades, sin embargo, una investigación de este rotativo ha revelado que la cifra supera los 74 millones de lempiras, en vista que además de ese contrato, el ahora imputado favoreció a su tío con cuatro contrato más en tan sólo 11 meses: dos para supervisión de mejoras en red vial no pavimentada y los otros dos para diseño o estudio de pavimentación de carreteras.

Mientras, cifras del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager), dan cuenta que hasta el 7 de octubre, 81,016 hondureños se han contagiado del virus, que ha dejado un saldo de más de 6,000 personas de acuerdo con la Asociación de la Industria Funeraria de Honduras.

Fuente: El Libertador