Un estudio realizado por la Universidad Federal de Pará (UFPA) y el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), resulta demoledor sobre la forma en que son arrasadas las tierras por latifundistas con la plena autorización del gobierno de Jair Bolsonaro. 

La investigación fue publicada a finales de junio en la revista Land Use Policy bajo el título: «Tierra sin ley en la tierra de nadie: las áreas forestales públicas no destinadas de la Amazonia brasileña”. El artículo científico afirma que esa ocupación indiscriminada es «fuente de deforestación, explotación predatoria de recursos naturales, actividades económicas insostenibles y violencia en el campo».

Claudia Azevedo-Ramos, profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la UFPA denuncióen entrevista al medio brasileño Eco: «Si el propio Gobierno, que debería estar fiscalizando estas áreas que son públicas, está transmitiendo un mensaje de que no les va a pasar nada (a los usurpadores), que sus tractores no van a ser quemados o confiscados, que la Policía Federal no los va a controlar, que pueden entrar en Tierras Indígenas, pueden extraer minerales a gusto…eso definitivamente son tierras sin ley”.

Recordemos que el presidente Jair Bolsonaro, denominado como el “depredador ambiental”, desde el inicio de su campaña electoral enfatizó que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y tras la llegada al poder impulsó la explotación económica de los recursos naturales amazónicos “sin regulaciones ni burocracia”.

En sus planes de explotación del Amazonas, Bolsonaro despojó de atribuciones y recursos a administraciones públicas como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y responsable de la ejecución de esa Política Nacional.

Con el fin de impulsar el agronegocio que cataloga como el eje fundamental de la economía, Bolsonaro está destruyendo el principal pulmón verde del planeta.

En casi todas sus intervenciones públicas ha insistido en que los incendios registrados en la Amazonia son «mentira» y que cada país de la región tiene derecho a explotar los recursos naturales de sus territorios.

Como no quiere que nadie se le interponga en ese destructor camino, cuando el director del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), Ricardo Galvao presentó a principios de 2020 un informe donde denunciaba que la Amazonía había perdido 5 879 kilómetros cuadrados en los últimos 12 meses, 40 % más que un año antes, Bolsonaro lo destituyó inmediatamente.

Solo en el mes de julio de este año, el área desbrozada por talas indiscriminadas e incendios, según el Inpe, es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York y se cuadruplicó con respecto al año anterior.  

En la explotación de los recursos de la Amazonía brasileña, con la plena autorización del gobierno derechista, se han involucrado empresarios, políticos, individuos con gran capital económico y hasta compañías transnacionales.

Bajo esas circunstancias, unas 12 millones de hectáreas de tierras públicas, un área del tamaño de Guatemala y El Salvador juntos, han sido ocupadas ilegalmente por esos propietarios privados que desalojan sin contemplación a los nativos de esas zonas. La tala ilegal dentro de Tierras Indígenas en 2019-2020 aumentó 80 % en relación con 2018.

La Amazonia comprende 5 % de la superficie terrestre del planeta, 40 % de América del Sur y 4,2 millones de kilómetros cuadrados (61 % del total) cubren la mitad de Brasil, en la región norte.

En julio, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, registró 82 900 hectáreas deforestadas, un récord mensual en relación a los últimos cinco años, lo cual confirma un crecimiento continuado de la deforestación en los últimos 13 meses y un aumento total del 78 % en relación al período 2018-2019.

En los meses de julio, agosto y septiembre, una de las regiones que más ha sufrido la deforestación ha sido el Gran Pantanal, situado en el extremo sudoriental en los Estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur (su alcance se extiende a Bolivia y Paraguay) con una superficie de 187 818 hectáreas y abarca las cabeceras de los ríos Cuiabá y Paraguay. Es uno de los ecosistemas humedales de agua dulce más vastos del mundo.

Los enormes incendios han destruidos el hábitat de numerosas especies y afectado a pobladores de las ciudades de Aquidauana, Cáceres, Corumbá, Coxim, Miranda, Poconé, Barao de Melgado, Puerto Suárez y Puerto Guijarro.

La directora adjunta del Instituto Centro de Vida, Alice Thuault, explicó que debido al cambio climático, el Pantanal vive la mayor sequía de los últimos 47 años, situación que se incrementa con los prolíferos incendios.

La situación es dramática en el Parque de las aguas, dentro del Pantanal que ya ha perdido el 85 % de su territorio, lugar de mayor concentración del mundo de jaguares y sitio natural del raro guacamayo jacinto o guacamayo azul.

Thuault denunció que son muy raros los incendios espontáneos, la mayoría de ellos se originan en terrenos privados, con el objetivo de limpiarlos y acaban extendiéndose a zonas protegidas.

La dura realidad es que el mundo de la Amazonia va reduciéndose a pasos agigantados, mientras un presidente inconciente, agresivo e inepto niega el cambio climático y a la par impulsa la deforestación para incrementar el agro negocio. Y el mundo se pregunta: ¿con esa arbitraria política antiambiental dejará Bolsonaro algún bosque en la Amazonía? 

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Por Hedelberto López Blanch para Rebelión.