Fuentes: Counterpunch (Foto: A Verdade, periódico de Maputo - CC by 2.0).
 

Hace tres años, el 5 de octubre de 2017, combatientes de Al Sunnah wa Jama’ah (ASWJ) entraron en la ciudad de Mocímboa da Praia, en el norte de Mozambique. Atacaron tres comisarías y se retiraron después. Desde entonces este grupo, que en aquella fecha proclamó su lealtad al Dáesh, ha continuado batallando y, en agosto de 2020, logró capturar el puerto de Mocímboa da Praia.

El ejército de Mozambique apenas ha conseguido avances. El Gobierno de Mozambique, a causa de las presiones del Fondo Monetario Internacional, ha recortado los salarios de los empleados gubernamentales, incluidos los militares. Para combatir, está dependiendo ahora de empresas de seguridad privada contratadas por corporaciones multinacionales; esta subcontratación de la defensa está permitida por el FMI y los acreedores ricos. Por este motivo, el Ministerio del Interior de Mozambique ha contratado al Grupo Asesor Dyck de Sudáfrica (DAG, por sus siglas en inglés), al Grupo Wagner de Rusia y al Grupo de Servicios Fronterizos de Erik Prince. El coronel Lionel Dyck, jefe del Grupo Dyck, dijo recientemente a HannesWessels que “las Fuerzas de Defensa de Mozambique no están preparadas y carecen de recursos”.

Dyck, Wagner y el Grupo de Servicios Fronterizos están unidos en el norte de Mozambique por otra serie de fuerzas de seguridad mercenarias (como Arkhê Risk Solutions y Garda World) contratadas por las compañías energéticas francesa TOTAL y la estadounidense Exxon Mobil. Ambas empresas tienen intereses en los campos de gas en el Área 1 y el Área 4 de la Cuenca Rovuma de Mozambique, que incrementan las reservas de gas natural del país a 100 billones de pies cúbicos (el tercer país del mundo solo detrás de Nigeria y Argelia en África). Esas firmas invertirán más de 55.000 millones de dólares en la extracción de gas natural y en la construcción de plantas de licuefacción.

TOTAL, la firma francesa, y el Gobierno de Mozambique firmaron un acuerdo para crear una fuerza conjunta que cubriera la seguridad en estos campos de gas. El ministro de Recursos Minerales y Energía de Mozambique, Max Tonela, dijo que este acuerdo “consolida las medidas de seguridad y los esfuerzos para crear un entorno operativo seguro para socios como TOTAL”.

La narrativa alimentada por TOTAL, el Gobierno de Mozambique y las empresas de seguridad privada sostiene que el conflicto en el norte de Mozambique es obra de los islamistas, y que deben tomarse todas las medidas necesarias para acabar con esta insurgencia iniciada hace tres años.

El cabo olvidado

Esta zona del norte de Mozambique, Cabo Delgado, es conocida coloquialmente como el “cabo olvidado” o Cabo Esquecido. Un estudio de estadísticas gubernamentales muestra que los habitantes de esta parte de Mozambique, que fue donde estalló la guerra anticolonial contra los portugueses el 25 de septiembre de 1964, experimentan todas las trampas de la pobreza: bajos ingresos, alto analfabetismo y baja moral. La falta de oportunidades unida a las aspiraciones sociales llevó al surgimiento de diversas formas de actividad económica, incluida la minería artesanal de rubíes y el tráfico de la heroína afgana hacia Sudáfrica. La llegada del islamismo simplemente proporcionó otra válvula de escape para las profundas frustraciones de amplios sectores de la población.

Se le llama el “cabo olvidado” porque una parte muy escasa de la riqueza social de Mozambique ha llegado a las comunidades de la región, aunque las empresas de petróleo y gas no la olvidaron. Estas empresas, y sus predecesoras, como Anadarko, con sede en Texas, así como otras grandes multinacionales como Montepuez Ruby Mining (propiedad de Gemfields, con sede en Reino Unido), han participado en el desahucio de miles de personas de sus hogares y medios de vida. Estas empresas, con la autorización del Gobierno de Maputo para asentarse en esa tierra y llevarse los rubíes y el gas natural, han devuelto bien poco a la gente del norte.

El fantasma del Dáesh

No hay nada como la aparición de grupos islamistas que enarbolan la bandera del Dáesh para que las empresas occidentales se olviden de su propio papel en la creación de la pobreza. Todo gira ahora en torno al terrorismo. En junio de 2019 dos académicos mozambiqueños -Mohamad Yassine, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI, por sus siglas en inglés) y Saíde Habibe, coautor de un estudio de 2019 sobre la radicalización islámica en el norte de Mozambique- dijeron que el Dáesh no iba a encontrar un terreno fértil en el norte de Mozambique; esto se debe en gran parte a que la población musulmana en esa región es escasa. Estos supuestos islamistas, dijo Habibe, son más conocidos por su papel en el comercio ilícito que en la creación de un Estado islámico.

Una ONG francesa, Les Amis de la Terre-France, publicó un informe en junio de 2020 que señalaba que la insurgencia “se cimentó sobre toda una maraña de tensiones sociales, religiosas y políticas, exacerbadas por la explosión de las desigualdades y las violaciones de derechos humanos vinculadas a los proyectos alrededor del gas”. La militarización del conflicto para proteger las instalaciones de gas, argumenta la ONG, “contribuye a avivar las tensiones”. De hecho, “las violaciones de derechos humanos están aumentando en [estas] comunidades, atrapadas entre insurgentes, fuerzas militares y paramilitares privadas, multinacionales o sus subcontratistas”.

El Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica publicó un informe en octubre de 2019 titulado “La génesis de la insurgencia en el norte de Mozambique”. El Instituto es bien conocido por su tono bastante belicista cuando se trata de cuestiones de seguridad. Pero resulta demasiado difícil soslayar la realidad. Este informe advierte que “no podrá conseguirse una solución duradera a la violencia extremista en Cabo Delgado a través del ejército y de un poder duro”. El principal problema es la desigualdad social. Meter a las empresas de energía, en lugar de llevar prosperidad a la gente, dice el Instituto, “no ha logrado más que descontento”.

Intervenciones

Justo frente a la costa de Mozambique se encuentra la isla de Mayotte, que es una posesión francesa con una base militar de ese país (que está teniendo que hacer frente a disturbios). Los Gobiernos de Francia y Mozambique están considerando un acuerdo de cooperación marítima que podría finalmente permitir una intervención francesa directa para proteger las inversiones de TOTAL.

En una sesión informativa sobre el tráfico de drogas en África, la subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Heather Merritt, dijo que el tema del tráfico de heroína es muy importante y que Estados Unidos está dispuesto a ayudar al Gobierno de Mozambique de una forma u otra.

La jefa de la inteligencia de Sudáfrica, Ayanda Diodlo, ha declarado que su Gobierno se está “tomando muy, muy en serio” la amenaza en el norte de Mozambique. Sudáfrica está considerando una intervención militar, a pesar de la advertencia del Dáesh de que, si esto llega a suceder, se abriría un nuevo frente dentro de Sudáfrica.

Tales intervenciones —de Francia, Estados Unidos y Sudáfrica— no van a resolver el problema del norte de Mozambique. Pero ciertamente proporcionarán una excusa para que los países occidentales creen un punto de apoyo militar en el continente.

Mientras tanto, para la gente de Mocímboa da Praia, todo seguirá como de costumbre.

(Este artículo fue elaborado por Globetrotter, un proyecto del Independent Media Institute.)

VijayPrashad es un historiador, editor y periodista hindú. Es editor-jefe de LeftWordBooks y director del Tricontinental: Institutefor Social Research. Su libro más reciente es: No Free Left: TheFutures of IndianCommunism (New Delhi: LeftWordBooks, 2015).

Por Vijay Prashad para Counterpunch y traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.