De acuerdo con la organización, el año pasado se documentaron 212 homicidios en el mundo, y la mitad se concentró en Colombia (30 %) y Filipinas (20 %).

Los líderes más victimizados fueron los que se dedicaban a las causas mineras (50 de ellos fueron asesinados) y relacionadas con la agricultura a gran escala, con 34 muertes de personas enfocadas en este tema, 60 por ciento más que en 2018.

Pese a que Colombia no es ajena a esa presión, este año la mayoría de los móviles de los asesinatos en nuestro país fueron otros. De esas 64 muertes, 45 ocurrieron porque se opusieron a la apropiación de sus tierras para actividades contra el medioambiente, y en su mayoría, según la ONG, fueron responsabilidad de grupos armados que buscan el control territorial.

Entre los casos, aparece el de la líder indígena Cristina Bautista, asesinada en la masacre perpetrada en el resguardo de Tacueyó, en Toribío, región del norte del Cauca. La ONG la atribuye a grupos armados porque impulsaba el proceso de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, en su territorio.

Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, la protección de quienes defienden el medioambiente es una prioridad para este Gobierno. “Por eso firmamos el Acuerdo de Escazú y lo radicamos ante el Congreso con mensaje de urgencia”, expresó.

Aunque muchos de los casos que se nombran en el informe no han sido esclarecidos por la justicia colombiana, la ONG los clasifica por posibles responsables de acuerdo con la información que organizaciones de derechos humanos les suministran.

Como lo explica a EL TIEMPO Ben Leather, investigador principal de Global Witness: “Hasta que no hayan investigaciones y sentencias por parte de los gobiernos, no sabremos en definitiva quién fue el perpetrador de los ataques. Sin embargo, es muy útil reportarlo, porque esto nos da una idea lo que ocurre en estas zonas”.

En el 2018, Colombia reportó 24 defensores asesinados, mientras que en el 2019 incrementó a 64. Entre las razones de esto, el informe hace un especial énfasis a la lenta aplicación de los acuerdos de paz, lo cual habría causado que muchos líderes hayan sido amenazados, desplazados y asesinados.

Además, expresan que las zonas de donde salieron las Farc y en las que se suponía el Estado tomaría el control, ahora están ocupadas por grupos armados. “Datos de Global Witness atribuyen un tercio de las muertes de personas defensoras en el 2019 a estos grupos”, dice el informe.

Por otro lado, también relacionan este aumento con la mala implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) del Gobierno Nacional. Razón por la que 14 de ellos, según la ONG, fueron asesinados porque apoyaban y promovían la sustitución de cultivos ilícitos.

14 líderes asesinados promovían el Pnis

“Hemos documentado casos de familias que no recibieron su dinero, pero sí recibieron amenazas de grupos criminales. Es gente que eligió entrar en un programa estatal, fundamental para cumplir con el proceso de paz, pero no están recibiendo el apoyo y protección que merecen”, agregó Leather.

Esto ha generado, según cuenta Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop y exalcalde de San José del Guaviare, temor entre líderes, porque están en la mira de quienes se oponen al Pnis y de quienes dejaron todo por un programa que nunca les cumplió.

“Detrás de esos señalamientos hay grupos armados, personas con intereses económicos e incluso sus propios vecinos”, afirmó Arenas. De ahí que, según cifras de la Corporación Viso Mutop, desde que inició el programa han asesinado a casi 100 personas que estaban inscritas o eran participantes directas o indirectas del Pnis.

¿Qué pasó con el Pnis?

De acuerdo con Hernando Londoño, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, hasta la fecha, de 99.097 familias inscritas, solo 1.792* cuentan con proyectos productivos; 5.680 tiene memorando de acuerdos, y 50.493 recibieron la cuota de 12’000.000 de pesos prometida.

Estas familias están en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada.

Para cumplirle a todas las familias, Londoño asegura que el programa necesita cuatro billones de pesos. Hasta el momento, solo cuenta con 1,4 billones de pesos, de los cuales se han invertido 966.115 millones de pesos.

Este año le fueron asignados al programa 191.000 millones de pesos, de los cuales 150.000 millones provenían del impuesto al carbono.

Sin embargo, este Gobierno ha mencionado que el programa no es financieramente sostenible, por lo que han empezado a diseñar nuevos modelo de sustitución. ¿Quiere decir que, pese a que muchos líderes creyeron en este programa y en algunos casos fueron asesinados por eso, el Pnis se va a acabar?

De acuerdo con Londoño, van a cumplirle a las familias inscritas, sin embargo, de ahí en adelante van a seguir con nuevos modelo de sustitución sostenibles económicamente.

Panorama internacional

En general, el informe señala que más de dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar en América Latina, la cual ha sido constantemente clasificada como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos en el 2012. Así las cosas el informe evidencia que los cinco países más peligrosos para los ambientalistas, después de Colombia, son Filipinas, Brasil, México y Honduras.

Además del caso de Colombia, el de Honduras también llama la atención de organismos internacionales, ya que los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 el año pasado, lo que lo convierte en el país per cápita más peligroso en 2019.

Los pueblos indígenas están en mayor riesgo de sufrir represalias, dice Leather. El año pasado, el 40 por ciento de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, y entre 2015 y 2019 más de un tercio de los ataques letales fueron en contra de personas indígenas –a pesar de representar solo el 5 por ciento de la población mundial–

Son una barrera contra la crisis climática

Más allá de perder a un defensor de pequeñas comunidades en el mundo, la ONG Global Witness advierte que están en riesgo los hombres y mujeres que nos ayudan a contrarrestar la crisis climática.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales del conflicto y, al talar bosques y emitir dióxido de carbono, también son los sectores que nos empujan aún más hacia el cambio climático”, dice el informe.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso de la tierra representan el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente desempeñan un rol vital en la protección de los bosques y ecosistemas críticos para la preservación climática. Investigaciones recientes demuestran que las comunidades indígenas y locales de todo el mundo están gestionando bosques que contienen un nivel de carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales actuales.

Al mismo tiempo, otros informes muestran claramente que las tierras gestionadas por indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación en comparación con las zonas de protección que excluyen a los pueblos indígenas.

El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también son víctimas de un porcentaje desproporcionado de los ataques documentados contra las personas defensoras. “Abordar estos problemas debería ser una prioridad en los esfuerzos mundiales para hacer frente a la crisis climática”, dice el informe. En la edición impresa aparece por error 17. 792 proyectos productivos, pero son 1.792*.

Fuente: El tiempo