¿No es extraño en unos tiempos en los que se habla tanto de noticias falsas?, ¿no es extraño que los periodistas no hayan puesto el grito en el cielo por la muerte de un colega de profesión?

A Moro le encontraron inconsciente el 10 de noviembre en La Paz, cubierto de moratones, arañazos y otros signos de violencia. Falleció poco después. Llevaba un chaleco que lo identificaba como periodista que cubría el Golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.

Tenía 40 años y trabajaba para el periódico argentino Pagina 12. Unas horas antes, había denunciado lo que consideraba una toma del poder por los fascistas bolivianos. Sus últimas palabras conocidas, publicadas en su periódico unas horas antes de que fuera encontrado, denunciaban el secuestro de funcionarios del gobierno de Morales y los ataques mafiosos a periodistas y medios de comunicación. Fue una de las pocas voces que expuso al mundo la campaña de terror de los golpistas. Pasó seis días en un hospital de La Paz antes de sucumbir a sus heridas.

Sus restos fueron incinerados con el pretexto de que no se le podía repatriar en medio del Golpe de Estado por cuestiones diplomáticas entre Bolivia y Argentina.

El día anterior a la aparición de Moro, fue secuestrado José Aramayo, director de Radio Comunidad, portavoz de la Confederación Campesina de Bolivia. Las hordas golpistas que desataron el horror en las calles boliviana le ataron a un árbol y le humillaron.

La embajada de Argentina en La Paz informó de que 15 corresponsales habían tenido que refugiarse en la embajada como consecuencia del terror desatado por los golpistas.

Las cadenas de intoxicación han ignorado sistemáticamente el caso de sus colegas perseguidos y torturados en medio del Golpe. No hay ninguna mención a Moro en los informativos, ni en ningún portavoz del imperialismo. Lo califican como un “accidente cerebro vascular”.

Lo mismo cabe decir de las ONG humanitarias, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Ni siquiera el Comité para la Protección de los Periodistas ha reconocido su asesinato. El listado de periodistas asesinados en 2019 no indica ninguno en toda Latinoamérica.

Las cadenas de intoxicación y la industria de los derechos humanos son fieles servidores de sus amos, que necesitan legitimar al gobierno golpista de Jeanine Áñez. De ahí que se hayan negado a llamar a las cosas por su nombre, Golpe de Estado, para recurrir a los eufemismos: renuncia de Morales, gobierno provisional...

El New York Times acogió con satisfacción el fin del gobierno cada vez más “autocrático” de Morales y expresó su alivio de que el país estuviera en manos de dirigentes más “responsables”. Por su parte, el Wall Street Journal tituló: “Un avance democrático en Bolivia”.

El director de Human Rights Watch, Ken Roth, dijo que el golpe fue un “levantamiento” para “defender la democracia” contra un “hombre fuerte”, ocultando la Ley Áñez, que otorgaba inmunidad a la policía y el ejército por los crímenes que cometan al masacrar a los manifestantes. Para Human Rights Watch sólo es un decreto “problemático”.

Sólo hay una fuente en inglés que haya informado de la muerte de Moro: el Orinoco Tribune, un pequeño periódico venezolano con una plantilla de dos personas que tradujo un artículo publicado en Argentina.

El caso de Moro recuerda lo ocurrido durante el Golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009. Una de las primeras medidas de los golpistas fue el cierre de las emisoras de radio comunitarias y el secuestro de periodistas. Los reporteros torturados fueron arrojados a la carretera como una advertencia para los demás. Algunos afortunados sobrevivieron.

En Bolivia ha habido un ataque coordinado contra los medios de comunicación independientes. La nueva ministra de Comunicaciones, Roxana Lizarraga, anunció que eso formaba parte del “desmantelamiento del aparato propagandístico del régimen dictatorial de Evo Morales”, afirmando que los “activistas que abusaron del sistema de medios estatales” de Morales estaban siendo “retirados”. Medios de comunicación como TeleSUR y RT en español fueron cerrados.

Lizarraga amenazó con perseguir a cualquier periodista involucrado en lo que ella llamó una “sedición”, diciendo que ya tenía una lista de personas y medios de comunicación “problemáticos”.

Por su parte, el nuevo ministro de Interior, Arturo Murillo, también amenazó a una delegación de derechos humanos recién llegada de Argentina. “Aconsejamos a estos extranjeros que llegan... que tengan cuidado”, dijo. “Los estamos vigilando. Los estamos siguiendo”, les advirtió. Habrá “tolerancia cero”. El primer paso en falso que den, tratando de cometer “actos de terrorismo y sedición, tendrán que enfrentarse a la policía”. Catorce miembros del grupo fueron arrestados para silenciar a la prensa.
 

Fuente:    MPR