El balance sobre los Acuerdos de Paz en Colombia dio como resultado que falta por implementar un 82 por ciento de los proyectos de ley, según un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos de ese país.

Entre la lista de lo que falta por hacer se encuentran los temas más importantes y coyunturales del acuerdo: La Reforma Agraria Integral, la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos, la estructura institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el desmonte del paramilitarismo, entre otros.

"El Gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz", denunció el coordinador del informe, Joaquín Sánchez, durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo.
 

De acuerdo al informe, solo se han tramitado 4 de las 40 leyes o reformas legislativas acordadas, y las aprobadas, como la ley de amnistía para los presos vinculados a la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no están siendo cumplidas.

"Sólo se ha cumplido un 5 por ciento con respecto a la reforma rural integrada; un 19 por ciento en lo relativo a la participación política y un 33 por ciento de lo prometido sobre el fin del conflicto", denunció Sánchez.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Javier Couso, quien también participó en la elaboración del informe, denunció el asesinato de más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018.
 

El Senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, manifestó que la Reforma Política tampoco se aprobó en el Congreso de ese país. "A la fecha no se ha dado la aprobación de las 16 circunscripciones de paz, a pocos meses de que se realicen las elecciones a Congreso", añadió.

Asimismo, no existen avances en la implementación estructural de las instituciones que se  encargarán de legislar la jurisdicción especial, sostuvo el senador.

Con respecto a la violencia contra los líderes sociales y excombatientes de la FARC, Cepeda propuso internacionalizar su defensa a partir de acciones de organizaciones e instancias internacionales que permitan visibilizar, no solo las reivindicaciones, sino también los riesgos a los que se exponen los dirigentes en Colombia.

Fuente: Telesur