Con esto en mente, Washington y Tel Aviv siguen usando el canal para difundir sus mensajes. Eso es exactamente lo que hizo la diplomática estadounidense Morgan Ortagus tras partir del Líbano hacia Abu Dabi, donde declaró a Al Arabiya que Hezbolá es "un cáncer del que el Líbano debe librarse". Más tarde se hizo evidente que su tono más suave en Beirut fue una maniobra calculada para evitar avergonzar a los "aliados" que acababa de conocer dentro de la nueva coalición gobernante del Líbano.
Ortagus utilizó la plataforma para enviar un mensaje directo al gobierno libanés, instándolo a tomar medidas específicas en el puerto de Beirut. Al Arabiya no tardó en emitir un informe que citaba a una "fuente occidental" que afirmaba que "Hezbolá opera libremente en el puerto a través de una red de colaboradores" y que su control sobre las instalaciones "facilita el ingreso de armas por mar". El informe continuaba alegando que las unidades 190 y 700 de la Fuerza Quds de Irán gestionaban la ruta marítima de contrabando de armas, especialmente tras el colapso del control de Bashar al-Asad y la imposición de restricciones al espacio aéreo.
Como era de esperar, el informe desencadenó una campaña mediática local en el Líbano, que exageró las afirmaciones y añadió más falsedades. El momento sugiere una clara intención: sentar las bases para reforzar las medidas de seguridad en el puerto, como ya ocurre en el aeropuerto de Beirut, o posiblemente justificar un futuro ataque militar israelí.
Poco después, el gobierno libanés entró en acción. El ministro de Obras Públicas, Fayez Rasamni —a quien, según se informa, Ortagus había elogiado tras reunirse con él en la Embajada de Estados Unidos en Awkar—, canceló sus citas y se dirigió rápidamente al puerto. Allí, haciéndose eco de la nueva narrativa, prometió que el gobierno implementaría en el puerto las mismas medidas que en el aeropuerto. «Adoptamos una estrategia tan enérgica aquí como la que aplicamos en el aeropuerto», declaró, añadiendo que ya había solicitado mayor seguridad y mayor vigilancia.
Enfatizó que la seguridad es una prioridad absoluta y afirmó que el gobierno debe revisar el marco legal del puerto, reestructurar su junta directiva y revisar las leyes vigentes para hacerlas más efectivas. También señaló los conflictos de jurisdicción entre las diversas agencias de seguridad que operan en el puerto.
Esta última acción estadounidense añade un nuevo matiz a lo que parece ser una estrategia estadounidense-israelí más amplia para reestructurar el orden político y de seguridad del Líbano. No se trata solo de desarmar a Hezbolá, sino de despojar al Líbano de todas las herramientas que podría usar para defenderse de la agresión israelí y poner toda su infraestructura clave bajo control estadounidense.
El aeropuerto de Beirut ya se sometió a este proceso. Durante y después de la guerra, las instalaciones estuvieron sujetas a un estricto régimen de seguridad, delineado en un protocolo redactado por Estados Unidos que dictaba la labor de todos los organismos administrativos y de seguridad. Dicho sistema colocó al personal libanés bajo el mando estadounidense, convirtiéndolos en ejecutores de un orden de seguridad diseñado desde el extranjero.
La reciente visita de Ortagus dejó claro que se están poniendo en marcha planes similares para el puerto. Según fuentes, abordó el asunto en detalle, incluso preguntando sobre los próximos nombramientos para puestos vacantes o que pronto lo estarán. Supuestamente, transmitió un mensaje similar a comunicaciones anteriores de Estados Unidos, exigiendo que cualquier persona vinculada a Hezbolá fuera excluida de puestos clave en el puerto, especialmente dentro de la autoridad aduanera.
Quienes se reunieron con Ortagus dijeron que su mensaje era inequívoco: Washington quiere el control total del puerto, tal como lo tiene ahora sobre el aeropuerto. La campaña de noticias falsas que siguió solo confirmó la agenda que ella había trazado.
Fuentes también indicaron que la Embajada de Estados Unidos en Beirut ha liderado las conversaciones con funcionarios libaneses sobre la gestión del puerto. Incluso se habla discretamente de que un equipo de seguridad estadounidense ya está supervisando las operaciones, discretamente, por ahora. Se espera que Washington pronto comience a imponer condiciones a las operaciones del puerto, incluyendo qué barcos pueden atracar, qué carga está permitida y qué está prohibida, tal como hizo con los aviones iraníes.
Delegación jurídica francesa se reunirá con el juez Bitar
Mientras el juez Tarek Bitar reanuda su trabajo en el caso de la explosión del puerto de Beirut, en medio de un renovado interés internacional, fuentes indican que una delegación judicial francesa visitará Beirut a finales de abril. El equipo se reunirá con Bitar para intercambiar las conclusiones de las investigaciones de ambos países. Dos jueces de la rama investigadora de París presentarán un informe detallado con los resultados de la investigación francesa, que comenzó pocos días después de la explosión del 4 de agosto de 2020, que causó la muerte de tres ciudadanos franceses, heridas a otros y daños materiales a ciudadanos franceses en el Líbano.
Una delegación francesa anterior visitó el país a principios de 2023 y se reunió con Bitar para solicitar documentación libanesa. En aquel momento, Bitar alegó que no podía proporcionar los archivos debido a su suspensión del caso tras múltiples impugnaciones legales.
Para continuar la investigación, se espera que Bitar celebre mañana una sesión para interrogar al exjefe de Seguridad General, mayor general Abbas Ibrahim, quien recibió una citación personal a través de la fiscalía. El exdirector de Seguridad del Estado, mayor general Tony Saliba, actualmente en el extranjero, fue citado a través de su esposa.
Fuentes jurídicas afirman que estas medidas podrían formar parte de un acuerdo vagamente definido para enviar un mensaje político al exterior: que los nuevos líderes del Líbano han reabierto la investigación, si bien por medios legales cuestionables. Las autoridades políticas y judiciales han permitido que Bitar reanude su trabajo sin resolver las apelaciones para su destitución. Por ahora, la estrategia aparente es evitar emitir órdenes de arresto antes de publicar la acusación final.
Pero es probable que la verdadera controversia surja cuando Bitar envíe el expediente incompleto al Consejo Judicial. Esta medida reavivaría el debate sobre la legalidad de sus acciones, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier cargo formal se formularía mientras aún estuviera técnicamente excluido del caso. En resumen, parece que el objetivo es concluir la parte técnica de la investigación y dejar la batalla política para más adelante.
Fuente: Al Ahed