La Comisión Siria de Derechos Humanos reveló que 14 ciudadanos fueron ejecutados, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, en las zonas de Baniyas, Jableh y la zona rural occidental de Hama.
La comisión también destacó la necesidad de controlar las armas y restringirlas al Estado, señalando que sin su control, "la vida del ciudadano sirio estará en peligro".
Además, las inspecciones deben realizarse “según orden del mando militar porque hay grupos que secuestran y matan ciudadanos”.
La comisión advirtió que si las cosas siguen así, habrá desastres y el asunto debe ser controlado por el Departamento de Operaciones.
En un contexto relacionado, la recién creada Dirección de Operaciones Militares de Siria y el Ministerio del Interior anunciaron una operación a gran escala en la ciudad de Latakia para localizar a elementos armados leales al antiguo régimen, con el objetivo de "restaurar la seguridad y la estabilidad".
Según la agencia de noticias estatal siria, la operación se inició tras las informaciones de los residentes sobre la presencia de grupos armados en la zona de Sitmarkho, cerca de Latakia. El objetivo de la operación es "garantizar la seguridad de la población local".
En la ciudad costera de Banias, en la gobernación de Tartus , se desplegaron fuerzas de la Administración General de Seguridad también para "mantener la seguridad, lograr la estabilidad y perseguir a los elementos pro-antiguo régimen".
Mientras tanto, los "centros de asentamiento" en la zona rural de Idlib siguen recibiendo a personas asociadas con el antiguo régimen que buscan regularizar su situación para evitar responsabilidades legales y procesamientos.
Además, el nuevo gobierno sirio anunció el jueves pasado la detención del ex jefe de la judicatura militar Mohammad Kanjo al-Hassan. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al-Hassan era una de las "figuras clave responsables de las ejecuciones en la prisión de Sednaya".