El mayor tribunal penal de Argentina ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta en 2022 a la expresidenta Cristina Fernández.
Según informes, la medida la pérdida de su libertad o abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, pues tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, la cual puede tardar años en pronunciarse.
Fernández recibió a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal acusada de cometer fraude al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015).
La entonces vicepresidenta consideró era víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.
El empresario de la construcción Lázaro Báez, de la provincia sureña de Santa Cruz, y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora ese fallo en una audiencia celebrada en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.
En las inmediaciones, militantes del kirchnerismo condenaron lo que consideran un ejemplo del lawfare o uso de mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.