En un comunicado oficial, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) manifestaron su preocupación ante la denuncia de un atentado contra Evo Morales.
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La declaración, emitida este lunes desde Caracas, expresa solidaridad con el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) y rechaza cualquier acto de violencia que pueda afectar la paz en Bolivia.
El ALBA-TCP respaldó la decisión del presidente boliviano, Luis Arce, de iniciar una investigación detallada sobre el incidente, instando a que se aclaren los hechos a fin de preservar la estabilidad en el país.
«Repudiamos todo acto de violencia», señala el comunicado, subrayando que esta investigación es crucial para la transparencia en un momento tenso para Bolivia.
La organización llamó además a todos los sectores en Bolivia a priorizar el diálogo y evitar cualquier escalada del conflicto.
A su vez, los países del ALBA-TCP ofrecieron su disposición y capacidades para facilitar la paz y el entendimiento, apuntando a la posibilidad de que el conflicto pueda estar siendo influido por “actores externos que buscan desestabilizar”.
El contexto boliviano se encuentra marcado por una creciente disputa entre el Gobierno de Luis Arce y los partidarios de Morales. El domingo, el exmandatario denunció un atentado en su contra, argumentando que hombres armados atacaron su convoy mientras se dirigía a su programa radial en Lauca Ñ.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó esta acusación, afirmando que el enfrentamiento fue el resultado de un intento del equipo de seguridad de Morales por evadir un control policial.
Según Del Castillo, la seguridad de Morales habría abierto fuego contra policías que intentaban detener su vehículo, lo que culminó en un intercambio que dejó un agente muerto y otro gravemente herido y sostuvo que el incidente fue resultado de un operativo antidrogas y acusó a Morales de intentar victimizarse con una narrativa de “autoatentado”.
En contraste, Morales denunció que se trata de una maniobra para ocultar el presunto atentado, cuestionando la versión oficial y pidiendo la destitución de Del Castillo y otros altos funcionarios.
La tensión entre el Gobierno y el sector leal a Morales ha dado lugar a manifestaciones en varias zonas del país. Desde Cochabamba hasta La Paz, los bloqueos de carreteras y protestas se intensifican, reflejando el descontento entre sectores campesinos y urbanos que respaldan al expresidente.
Estos bloqueos, que ya llevan más de dos semanas en algunos puntos, se realizan en reclamo ante la carestía de la vida, la escasez de combustibles, entre otros problemas económicos que afectan a la población boliviana. Además, exigen que se habilite la candidatura presidencial de Evo Morales para las próximas elecciones generales a realizarse en agosto de 2025.
Diversos sectores sociales y políticos del MAS han declarado su estado de emergencia y repudian “el actuar cobarde” del Gobierno de Arce, según la dirigencia de La Paz, aumentando la tensión en un contexto ya crítico, dando lugar a detenciones y represiones violentas por partes de las Fuerzas de Seguridad..