La senadora aborigen australiana, Lidia Thorpe, acusó al rey británico Carlos III de complicidad en el genocidio de los pueblos originarios de esa isla-continente.
Thorpe denunció que la Corona británica es responsable de crímenes atroces contra los indígenas desde la colonización en 1770, y reclamó la devolución de tierras robadas a sus ancestros.
En un comunicado emitido por su oficina, la senadora Thorpe subrayó que el actual Estado colonial australiano se construyó sobre un “genocidio continuado” contra las comunidades indígenas.
La política interrumpió un discurso del rey ante el parlamento y le espetó la frase: “Devuélvenos nuestra tierra (…) y lo que robaste a nuestro pueblo”.
Thorpe denunció además que la Policía la amenazó con detenerla, limitando su derecho a la libre expresión.
En su mensaje, recordó que su tío, el activista aborigen Robert Thorpe, también pidió ante la Corte Internacional de Justicia acusar al rey de genocidio, argumentando que las leyes australianas no permiten procesar a la Corona ni al Gobierno por estos crímenes históricos.
La senadora aduce la responsabilidad histórica de la monarquía británica en crímenes de guerra, contra la humanidad y la falta de prevención al genocidio.
Según estudios de la Universidad de Newcastle, entre finales del siglo XVIII y principios del XX, más de 10 mil indígenas australianos murieron en aproximadamente de 400 masacres tras la aplicación del concepto de “Terra Nullius”, que declaraba al continente como tierra de nadie y permitía a los colonizadores británicos reclamar su posesión.
Desde entonces, los nativos sufren discriminación, despojo de tierras y la separación forzada de sus hijos, entregados a familias e instituciones blancas.
Estos hechos dejaron cicatrices profundas en esas comunidades que hasta la fecha no recibieron una justicia reparadora.
Aprovechando la visita del monarca, Thorpe reiteró la necesidad de firmar un tratado con esa población que representa el 3,8 por ciento entre los más de 27 millones de habitantes en Australia.
Hasta el momento, Canberra es el único país de la mancomunidad británica que no estableció un acuerdo formal con sus pueblos originarios.
Pese a los esfuerzos históricos, en esa isla continente fracasaron los referéndums para convertir al país en una república, realizado en 1999 y uno más reciente, que buscaba reconocer los derechos indígenas en la constitución.