La inminente decisión del presidente de vetar la ley de financiamiento universitario muestra un nuevo ataque a la educación pública, revelando una profunda desafección del gobierno hacia el futuro académico del país."**

En el fragor de la política argentina, el presidente Javier Milei ha hecho un anuncio que promete agitar aún más las aguas turbulentas del actual escenario nacional. La decisión de vetar la ley de financiamiento a las universidades, apenas aprobada por el Congreso, no solo revela una postura agresiva del gobierno hacia la educación pública, sino que también manifiesta un desprecio absoluto por uno de los pilares fundamentales de la movilidad social y el progreso intelectual en el país.

Piera Fernández de Picoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, no ha dudado en calificar la actitud del gobierno como una muestra de "soberbia" e "imposición permanente". En una entrevista reciente en Futurock FM, Fernández de Picoli delineó un panorama sombrío pero revelador sobre la confrontación que se avecina. La activista universitaria y su equipo están en pleno proceso de organización para una nueva movilización, que pretende no solo llamar la atención del gobierno, sino también movilizar a la sociedad en defensa de una universidad pública que se ve cada vez más amenazada por las políticas de ajuste.

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La ley de financiamiento universitario, que fue concebida como una respuesta a la falta de un presupuesto adecuado para 2024, se encuentra en el centro de esta tormenta. Fernández de Picoli aclara que el impacto fiscal de la ley es mínimo—apenas el 0.14% del PBI—y subraya que incluso los aumentos salariales para docentes y no docentes, necesarios para paliar la drástica pérdida de poder adquisitivo en el sector, representan solo el 0.08% del PBI. En contraste, el gobierno ha mostrado desdén hacia estos números y ha declarado que cualquier ley que no contemple el origen de los fondos será vetada. Sin embargo, la ley en cuestión ya incluye medidas para garantizar la transparencia financiera y un refuerzo de las auditorías en las universidades, un intento de mitigar las objeciones del gobierno.

Este veto no es solo una cuestión económica; es, según Fernández de Picoli, una manifestación de una "definición ideológica y política" contra el sistema universitario argentino. La postura del gobierno se revela como un ataque deliberado a una institución que ha sido un baluarte de igualdad y excelencia académica en el país. La universitaria destaca la contradicción entre el apoyo a medidas de blanqueo de capitales, que favorecen a los más ricos, y la negativa a financiar la educación, esencial para el desarrollo nacional.

El desprecio del gobierno por la educación pública también se evidencia en la falta de respuesta a las preocupaciones sobre el deterioro de la calidad educativa y el aumento de las desigualdades en el sector. La universidad pública argentina, a pesar de sus desafíos y necesidades de mejora, sigue siendo una herramienta vital de movilidad social y de avance científico. Las universidades nuevas y pequeñas en los conurbano bonaerense, que han demostrado ser faros de progreso en sus comunidades, han sido particularmente afectadas por la reducción de recursos y la falta de apoyo.

A medida que se acerca la discusión del presupuesto para el próximo año, la presión sobre el Congreso para defender la ley de financiamiento se intensifica. La posibilidad de que el Congreso mantenga el financiamiento universitario mediante una mayoría de dos tercios es ahora una esperanza crucial para el sector. Fernández de Picoli y otros líderes universitarios están trabajando para asegurar que la movilización ciudadana y el apoyo congresional puedan contrarrestar el veto presidencial y garantizar el futuro de la educación pública en Argentina.

La visión del gobierno de Milei, que limita el rol del Estado a la macroeconomía, las relaciones exteriores y la justicia, deja a la educación pública en una posición vulnerable. La retórica del gobierno y las medidas propuestas no solo desfinancian el sistema universitario, sino que también deterioran el potencial futuro de generaciones de estudiantes argentinos. La falta de inversión en educación y ciencia es un ataque directo a la posibilidad de construir un país más equitativo y progresista.

En la esfera pública, el debate sobre el financiamiento universitario se convierte en un símbolo de una lucha más amplia sobre el futuro del país. La negativa del gobierno a reconocer el valor de la educación pública y su insistencia en el ajuste económico ponen en riesgo no solo el presente de las universidades, sino también el futuro de toda una nación. La respuesta de la sociedad y del Congreso será decisiva para proteger este vital componente del desarrollo social y académico argentino.

Fuente: En Orsai