Los hechos violentos desencadenados tras la publicación de los resultados oficiales del 28 de julio por parte del CNE llevan consigo un componente estético y simbólico específico, concomitante con el fascismo, manifestado en actos vandálicos dirigidos a estatuas de Hugo Chávez, servicios de transporte, salud y alimentación, sedes de entes gubernamentales —incluido el CNE—, entre otros lugares asociados con el chavismo como expresión histórica. En medio de esta situación, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han legitimado estas acciones a través de una narrativa que, aunque pretende ser sofisticada e inocua —apelando a la "indignación" de la población—, ha servido para alentarlas y promoverlas.
La virulencia que ha inundado las redes sociales en las últimas horas ha tenido como signo central expresiones de odio e intolerancia política hacia el chavismo. La persecución y el hostigamiento, así como la destrucción de alcaldías, estatuas y sedes del Poder Electoral, evidencian que la maniobra de desestabilización se ha desplegado mediante la coerción social, simbólica y política de este importante sector del país.
Lo semiótico es el primer paso para exhibir la intención de borrar al otro, al distinto, lo convierte en un ser sacrificable bajo filtros raciales, ideológicos y de clase. En consecuencia, la agenda de violencia ha enfatizado los vínculos materiales y emocionales que identifican al "enemigo" (el chavismo), como los monumentos en honor al Comandante Hugo Chávez, casas del PSUV, los CDI, almacenes de los CLAP y espacios comunitarios.
Muestra de ello son los eventos de los últimos dos días.
Este lunes en Punto Fijo, estado Falcón, la alcaldía del municipio Carirubana fue quemada por grupos violentos. En redes sociales circulan videos donde gritaron: "Ya la quemamos, ya la quemamos". La sede de la alcaldía del municipio Colina, en La Vela de Coro, también fue vandalizada.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes que nueve personas en el estado Anzoátegui fueron detenidas por vandalizar la sede del PSUV en Anzoátegui: "Ya se encuentran numerosos detenidos a escala nacional por la ejecución de actos vandálicos que pretendieron socavar la paz del país", dijo en rueda de prensa.
Hechos similares se registraron en Guárico, Táchira y otros estados. En Quíbor, estado Lara, quemaron la alcaldía del municipio Jiménez. El Fiscal anunció que 29 personas involucradas fueron detenidas por incendiar la alcaldía de Sotillo en Puerto la Cruz.
En la parroquia Antímano de Caracas quemaron una farmacia móvil de la red de Farmacias Caribe, en la cual se comercializan medicinas a precios accesibles. Un hospital en la parroquia Coche, en Caracas, también fue incendiado por grupos que responden a María Corina Machado.
Esta muestra resumida de hechos indica que el odio impulsado, de acuerdo a los objetivos de conflicto de la oposición, se ha traducido en una persecución simbólica con expresiones prácticas y materiales directas sobre la población. Se ha buscado suprimir, a la fuerza, tanto el derecho a expresar —y acceder— al imaginario chavista, mediante las estatuas o casas del PSUV por ejemplo, como los derechos económicos y sociales básicos de la población que se materializan en un CDI o en una farmacia popular.
En ambas expresiones lo simbólico va asociado a lo material, con un rasgo agresivo de intolerancia por razones ideológicas y de clase, vertebrada a partir de la marginalización y coerción hacia la población de bajos ingresos, asociada históricamente con el chavismo. Este sector ha sido doblemente atacado: por el flanco de su construcción identitaria, pero también en el espectro económico y social, en el cual es el principal afectado por los destrozos producidos en servicios de salud y transporte que impactan en su vida cotidiana.
El interés por borrar un sector del país también pasa por intentar suprimir la infraestuctura que sustenta la existencia de sus derechos básicos.
Por otro lado, los factores visibles de operatividad, coordinación y poder destructivo focalizado en espacios geográficos específicos indican que el país está frente a una operación planificada a detalle con antelación. De esta forma lo aseguró el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso, al argumentar que los núcleos de violencia no son producto de acciones espontáneas sino de escenarios muy bien planificados.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro también señaló que, antes de las elecciones del 28 de julio, estaba programado un plan que incluía un escenario violento de sabotaje avanzado hacia los servicios públicos, dirigido a generar condiciones de suspensión del evento comicial.
Esta precisión del mandatario adquiere validez si se cruza con el arco temporal y el despliegue geográfico de María Corina Machado en el interior del país, desde las primarias, para la formación de los “comanditos”.
En su momento, un dirigente de Vente Venezuela los describía como "un contingente cabalmente preparado para defender el voto e, incluso, para enfrentar los desafíos que puedan surgir tras el 28J", lo que perfilaba que su activación no estaba circunscrita únicamente a lo electoral, como se ha visto en las últimas horas.
Por otro lado, la situación ha dejado expuesta la artificialidad de la narrativa, lanzada durante la campaña de Edmundo González, sobre el llamado a la unidad y reconciliación con el chavismo y específicamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, una vez ocurriera el día de la elección.
Esto, evidentemente, no es lo que ha acontecido. El fascismo siempre aguarda a la vuelta de la esquina.