“En el marco del respeto a nuestra soberanía y a la dignidad del pueblo boliviano, informamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que se ha decidido, como Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, convocar al embajador de la República de Argentina en nuestro país, recientemente arribado, para expresar nuestro enérgico rechazo a las declaraciones vertidas por la Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei”, anunció la ministra de Relaciones Exteriores a.i., María Nela Prada.
Asimismo, dijo que se convocó en consulta al embajador de Bolivia en el vecino país, Ramiro Tapia, para que se presente en la Sede de Gobierno.
En un comunicado oficial, la Cancillería boliviana rechazó “enérgicamente las inamistosas y temerarias» declaraciones de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en su comunicado de fecha 30 de junio.
La OPRA, a través de un comunicado emitido el fin de semana, calificó de “falsa” la denuncia de golpe de Estado del gobierno y señaló que en el país hay más de 200 “presos políticos”, incluida la presidenta de facto, Jeanine Ánez, y el exlíder cívico Luis Fernando Camacho.
“Las desinformadas y tendenciosas aseveraciones, sobre una posible existencia de presos políticos, o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido, constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable, ante lo que invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”, señala el documento.
En el comunicado oficial, se recordó que Bolivia decidió soberanamente vivir en democracia, con características interculturales, y enfatizó que, cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al Gobierno constituido por el voto del pueblo, es claramente un golpe de Estado.
Asimismo, recordó que intereses políticos internos y externos, que participaron activamente en 2019 en la ruptura del orden constitucional, con el envío de municiones, como es el caso de Argentina, “una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado Plurinacional boliviano”.
El Gobierno nacional remarcó que la convivencia pacífica y la hermandad entre los dos países, nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas.
Bolivia rechazó “enérgicamente las inamistosas y temerarias» declaraciones de la Oficina del presidente de la República Argentina, Javier Milei, sobre el golpe de Estado militar fallido, ocurrido el miércoles 26 de junio.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza enérgicamente las inamistosas y temerarias declaraciones vertidas por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en su comunicado de fecha 30 de junio, en referencia al golpe de Estado militar fallido ocurrido el 26 de junio de 2024, con la participación de un grupo de militares insubordinados que cercaron el Palacio de Gobierno de Bolivia, derribando el ingreso e intentando tomar el poder por las armas”, refiere un comunicado de la Cancillería.
La Oficina del Presidente argentino, a través de un comunicado emitido el fin de semana, calificó de falsa la denuncia de golpe de Estado del gobierno de Bolivia, y señaló que en el país hay más de 200 presos políticos, incluida la Jeanine Ánez y Luis Fernando Camacho.
“Las desinformadas y tendenciosas aseveraciones, sobre una posible existencia de presos políticos, o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido, constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable, ante lo que invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”, señala la Cancillería boliviana.
En el comunicado oficial se recordó que Bolivia decidió soberanamente vivir en democracia, con características interculturales, y enfatizó que, cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al Gobierno constituido por el voto del pueblo, es claramente un golpe de Estado.
“Lamentamos que intereses políticos internos y externos, que ya participaron activamente en el 2019 en la ruptura del orden constitucional, incluso a través del envío de municiones, una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado Plurinacional boliviano”, se lee en el comunicado.
Asimismo, el Gobierno nacional remarcó que la convivencia pacífica y la hermandad entre los dos países, nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas.
“La amistad boliviana-argentina es histórica, por lo cual agradecemos las miles de voces desde Argentina condenando el golpe de Estado militar fallido en Bolivia, así como expresando su solidaridad y apoyo al Gobierno boliviano”, manifestó la Cancillería.
Esta cartera de Estado expresó también que la respuesta a los golpes de Estado y planes de desestabilización, siempre será con “más pueblo organizado, más derechos, más memoria, más verdad, más justicia, más democracia participativa, intercultural y comunitaria para la población”.
Las fuerzas especiales F10 preveían el traslado de 19 de sus miembros con armas de alto calibre a La Paz para la asonada golpista del 26 de junio, pero sólo cinco llegaron a destino. Las evidencias del traslado fueron quemadas, reveló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
En esta jornada fue aprehendido el comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir Lupa Salamanca, en Cochabamba y trasladado a La Paz. En su vehículo fueron encontrados documentos que están en análisis.
“Las actividades nos han permitido establecer desde un punto de vista material el transporte de 19 hombres de los grupos especiales hasta la Brigada Aérea Número 2, acción que se registra en el libro de novedades de la Brigada Aérea”, reveló en declaraciones a la prensa en la ciudad de Cochabamba, donde ahora se focalizan las investigaciones del fallido golpe de Estado.
El F10 es un grupo efectivo, compuesto por oficiales y suboficiales de élite seleccionados de las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Son entrenados exclusivamente para combatir el terrorismo y grandes secuestros. Tiene su centro de formación en Cochabamba.
Cuenta con analistas, operadores de campo, técnicos de inteligencia y unidades especiales.
Los 19 uniformados fueron trasladados hasta la Brigada Aérea en Cochabamba en dos vehículos, uno del comandante Lupa.
En su vehículo, los policías encontraron “diversidad de documentación, entre ellas el libro de novedades de esa unidad especial, que, obviamente, tiene registradas todas las acciones que ha tenido este grupo para su desplazamiento a la ciudad de La Paz. Lo han hecho bajo el argumento, un poco inverosímil, pero utilizado, de la creación de una fuerza, de un arma dentro del Ejército, que es de la Unidad de Inteligencia”, indicó Aguilera.
Para el viceministro, ese argumento es solo un “elemento de carácter distractivo” para encubrir el traslado de “funcionarios de distintas áreas del país hacia el núcleo mismo del poder político de Bolivia” el 26 de junio, con el objetivo de tomar el poder a través del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.
De hecho, el fin de semana el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que se había ordenado que un avión Hércules vaya a Tarija para transportar a La Paz al grupo de élite “Satinadores”, los mismos que comandaron la masacre de Senkata en la ciudad de El Alto, en noviembre de 2019.
“Estoy absolutamente convencido de que estas acciones no solamente son una violación a aspectos de carácter doctrinal o formal al interior de nuestro Ejército, sino que constituyen el núcleo central de terrorismo y de alzamiento armado”, afirmó Aguilera.
Cinco uniformados de élite llegaron a La Paz con armas de grueso calibre y de alta precisión. Se trata de fusiles de francotirador, fusiles SG-4 e inclusive pistolas.
En un primer vuelo, la aeronave EB-001 trasladó a cinco de los 19 integrantes de las Fuerzas Especiales a La Paz. Para cuando ya se preparaba el segundo vuelo, fue impedido porque en la Casa Grande del Pueblo se efectuó la posesión del nuevo comandante del Ejército, José Wilson Sánchez Velásquez.
Aguilera indicó que se investigará el nivel de responsabilidad de cada uno de los funcionarios porque, además, las pruebas de ese traslado fueron quemadas.
“Nos toca trabajar con los hombres de la inteligencia que han sido identificados en este departamento y que, aparentemente, en las últimas horas, después de haberse producido el relevo del señor comandante general del Ejército, han quemado la evidencia, lo que obviamente suele ser una operación, vamos a decir, de carácter rutinario, entendiendo que las acciones de inteligencia tienen un carácter secreto”, justificó.