Una vez más, junto a las declaraciones sobre el “derecho de Israel a defenderse”, la respuesta europea a la guerra contra Gaza se centra en la palanca financiera. Aunque la continuidad de la “ayuda” a los palestinos no parece cuestionarse de momento el anuncio de que se va a reforzar el control y se van a aplazar determinados gastos suscitan inquietud en Ramala. El 21 de noviembre la Comisión Europea se reunió en Estrasburgo para decidir si reanuda o no la ayuda europea tras haberse suspendido el 9 de octubre.
Controlar la financiación a la que tiene acceso el pueblo palestino ha sido un objetivo trascendental desde la época del Mandato Británico en Palestina. Mientras las organizaciones sionistas de aquella época se beneficiaban de los importantes recursos financieros proporcionados por las diásporas judías de Europa y de EEUU, las fuerzas coloniales francesas y británicas reprimían en la vecina región árabe bajo su control las colectas de fondos organizadas para apoyar a la insurrección palestina. Y ello a la vez que la Administración del Mandato se había comprometido a ayudar –sin mucho éxito– a los campesinos palestinos expulsados por la colonización como medio de extinguir los focos de la revuelta.
Después de la Nakba de 1948, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA, 1949) se creó como principal proveedor de ayuda humanitaria a las personas refugiadas palestinas instaladas en campamentos a la espera de su “repatriación”. El principal donante de esta ayuda hasta los años setenta, EEUU, superado progresivamente por Europa, quería contener en primer lugar el avance comunista y después el nacionalismo y el islamismo 1. Por otro lado, las estructuras palestinas organizadas en el exilio en los años sesenta hallaron asistencia financiera en los Estados árabes y musulmanes y en simpatizantes privados. Desde que en 1967 se produjera la ocupación israelí de Cisjordania y de la Franja de Gaza, parte de estos fondos se canalizaron para apoyar el sumud, la consigna adoptada por palestinos y palestinas cuyo significado designa el acto de “mantenerse firmes” frente a la empresa de la colonización israelí de la tierra y la desposesión de sus habitantes.
A finales de los años setenta, la USAID (la agencia estadounidense para la ayuda exterior) puso en marcha a su vez un programa orientado a mejorar el bienestar y la calidad de vida en los Territorios Ocupados. El objetivo esta vez era quebrar la influencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y fomentar una opinión pública más favorable al acuerdo de autonomía palestina limitada firmado en Camp David entre Israel y Egipto (1979). La sociedad palestina denunció entonces el trasfondo político de esa ayuda 2. Pero los cambios en el contexto geopolítico mundial durante la década de 1980 y la pérdida de sus principales apoyos políticos y financieros árabes llevaron a la OLP a modificar sus posiciones y a aceptar una autonomía política transitoria dentro de las fronteras de 1967, el reconocimiento del Estado de Israel y la renuncia a la lucha armada.
Las incoherencias del apoyo europeo
Este es el contexto en el que interviene directamente la financiación europea al pueblo palestino. A principios de los años noventa la comunidad internacional se comprometió a prestar apoyo financiero al proceso de paz ratificado con la firma de los Acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP. Se trataba explícitamente de hacer que los “dividendos de la paz” fueran tangibles para la población palestina, que acababa de salir de la Primera Intifada, promoviendo el desarrollo económico de los Territorios Ocupados. La Unión Europea (UE) es, con diferencia, el principal donante. Su intervención se sitúa en el epicentro de la política exterior europea y responde a sus objetivos de “fomentar la seguridad, la democracia y la buena gobernanza” tal y como establecen la “Asociación Euromediterránea”, la “Asociación para la Paz” y la “Política Europea de Vecindad”.
Entre 1993 y 2020, los Territorios Ocupados se habrían beneficiado de 46.400 millones de dólares (42.380 millones de euros) en ayuda al desarrollo, de los que aproximadamente la mitad proceden de Europa 3. Además de colaborar con los gastos de la Autoridad Palestina (AP) en los salarios de los funcionarios, gastos sanitarios y ayuda socioeconómica, esta financiación incluye una serie de programas que van desde la construcción de infraestructuras y edificios públicos hasta la ayuda humanitaria, la reforma institucional, la capacitación de mujeres y jóvenes, y el apoyo al sector privado. Guiada inicialmente por la perspectiva de una resolución inminente del conflicto, esta ayuda se convirtió muy pronto en una cortina de humo para ocultar el fracaso de la “solución de dos Estados”, y en un ínfimo paliativo ante el colapso económico palestino.
De hecho, el proceso de paz no sólo no ha puesto fin a la ocupación sino que ha acelerado la colonización. Las escasas prerrogativas concedidas a la AP se torpedean constantemente sobre el terreno por parte de la administración israelí, que conserva el control de los regímenes comercial, monetario y financiero, así como de las fronteras y de la mayor parte de los territorios. Desde la Segunda Intifada del año 2000, numerosos observadores han denunciado la pasividad de los donantes y su incoherencia, en primer lugar de la UE, cuya ayuda ha acabado finalmente financiando el expansionismo israelí en detrimento del derecho internacional y de cualquier solución política 4. Europa ni siquiera es capaz de impedir que el ejército de ocupación israelí destruya sistemáticamente las instituciones e infraestructuras que crean y mantienen los europeos y cuyo malgastado coste recae sobre sus contribuyentes. Sin embargo, la razón de ser de la financiación europea no ha variado y ha aumentado con cada nuevo estallido del conflicto.
Instrumento de control y de sanción
Son muchas las ocasiones y múltiples las formas en que la UE y sus miembros imponen condiciones a la ayuda que prestan a las y los palestinos. El ejemplo más emblemático –y controvertido– fue sin duda el de la imposición de sanciones israelíes e internacionales después de la victoria de Hamas en las elecciones de 2006. Europa suspendió inmediatamente su ayuda presupuestaria así como todos los proyectos de cooperación con el gobierno palestino, y concentró sus esfuerzos en atender las necesidades estrictamente humanitarias de la población. Se estableció un nuevo mecanismo de ayuda por el que se indujo al sector privado y a las ONG locales e internacionales a ocupar el lugar de la AP 5. Este boicot diplomático y financiero provocó una crisis política sin precedentes y el endurecimiento de las divisiones interpalestinas. Varios intentos de unidad nacional fracasaron.
En junio de 2007 Hamas se hizo con el control exclusivo de la Franja de Gaza por la fuerza, mientras el presidente Mahmud Abbas expulsaba a la organización del gobierno de Cisjordania. La administración israelí declaró inmediatamente la Franja de Gaza “territorio hostil” y endureció las restricciones al movimiento de personas y a la circulación de mercancías a través de su frontera. Un asedio impuesto por tierra, mar y aire que se ha mantenido desde entonces. Si bien la ayuda de emergencia ha continuado, se ha exigido a las agencias humanitarias sobre el terreno que cesen toda relación con las autoridades locales. En la práctica, no obstante, mantienen algún tipo de coordinación para poder llevar a cabo sus actividades mediante acuerdos que se renegocian constantemente. Son muchas las agencias que denuncian que se trata de un ejercicio ineficaz y deficiente.
Paralelamente, a principios de 2008, la UE activó un nuevo mecanismo financiero (Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión de la Ayuda Socioeconómica, PEGASE) para respaldar el “Plan de reforma y desarrollo” del gobierno del primer Ministro palestino Salam Fayyad (2007-2013) en Cisjordania. Este antiguo funcionario del FMI cumplió rigurosamente las expectativas de los donantes: dio prioridad a la mejora del sistema fiscal, desarrolló el sistema bancario y financiero, y promovió el sector privado. Reforzar la seguridad interior fue también un elemento clave al objeto de crear un entorno favorable a los inversores. Sin embargo, nada se proveyó para disminuir la dependencia económica palestina de Israel. El mecanismo de PEGASE permitió un control más estricto del gasto por parte palestina en línea con las exigencias israelíes y europeas de transparencia, buena gobernanza y “lucha contra el terrorismo”.
Dependencia en aumento
Con el paso de los años cada vez más sectores de la sociedad palestina han acabado vinculados a esta economía asistida. Los Territorios Ocupados, en particular Cisjordania, albergan una densa comunidad de organizaciones extranjeras, agencias de la ONU, ONG locales, instituciones financieras y consultores privados que operan en los campos del desarrollo, la buena gobernanza y la ayuda humanitaria. Paralelamente la depauperización del aparato productivo palestino y la afluencia de fondos extranjeros han hecho que la AP se haya impuesto como un actor socioeconómico ineludible. Los salarios y las diferentes pensiones que paga son la principal fuente de ingresos de muchas familias. En 2021 había 208.000 funcionarios, el equivalente al 21% de la población activa 6.
De manera que la ayuda constituye una renta lo suficientemente importante como para tener un impacto en los programas, las actividades y las agendas de múltiples beneficiarios, y trastocar por tanto, sus objetivos 7. Esta situación explica el afán de la AP por impulsar reformas destinadas a “sanear” sus instituciones y establecer una economía de mercado “equilibrada” aunque el territorio bajo su control se haya ido reduciendo de manera alarmante. Aunque son cada vez más numerosos los llamamientos a desvincularse de la economía colonial israelí y de sus modos de producción, la dependencia de la financiación extranjera está en el centro de los recelos 8. Al seguir priorizando sus objetivos de pacificación y liberalización, la ayuda no sólo resulta ineficaz sino que acaba por contribuir a asistir y a intensificar el sometimiento de la economía y de la sociedad palestinas a la ocupación.
Hacia un control más estricto
Desde el 9 de octubre varios países europeos han anunciado la suspensión de sus programas durante un tiempo para garantizar que no se destinan a la “financiación del terrorismo”; otros prevén aumentar sus presupuestos para hacer frente a la “emergencia humanitaria” en la Franja de Gaza. Así que lo que corre el riesgo de verse afectado no es tanto el volumen como la ubicación de la ayuda y los canales de distribución en el sentido de reforzar su orientación y su control.
Esta precipitada fusión de los “objetivos de desarrollo y paz” con las preocupaciones de la contrainsurgencia israelí ilustra claramente la trampa en la que se encuentra la cooperación europea en los Territorios Ocupados. Sea cual sea la cantidad de los fondos que desembolse, si no toma medidas serias para frenar el expansionismo israelí, Europa está condenada a una situación incómoda respecto a las auténticas preocupaciones palestinas.
Por supuesto, siempre habrá actores locales dispuestos a asumir el papel que esperan los donantes, e incluso a beneficiarse de ello. Pero el fracaso de esta política habla por sí solo y el coste en vidas humanas es demasiado alto como para no rectificar la situación. Las aspiraciones palestinas se expresan ahora con más fuerza que nunca. La división es también palpable; hay quienes hablan ya de boicotear las asociaciones y la financiación europeas. Para que la ayuda sea de verdad ayuda no debe volver a ser cómplice de los crímenes cometidos contra todo un pueblo.
Notas:
1. Jalal Al Husseini, “UNRWA and the Refugees: A Difficult but Lasting Marriage”, Journal of Palestine Studies, 2010, vol. 40, nº 1, p. 6-26
2. Khalil Nakhleh, The Myth of Palestinian Development: Political Aid and Sustanaible Deceit, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA), Jeruslén, 2004
3. Datos de la OCDE
4. Anne Le More, “Killing with Kindness: Funding the Demise of a Palestinian State”, International Affairs, 2005, Vol. 81, nº 5, pp. 981-999
5. Couler l’Etat palestinien, santionner son peuple: l’impact de l’asphyxie économique du Territoire Palestinien Occupé sur les droits de l’Homme, Fédèration international pour les droits humains (FIDH). Rapport nº. 459, 2006 (mission international d’enquête).
6. Rapport sur l’assistance de la Cnuced au peuple palestinien: évolution de l’economie du territoire occupé, Conférence des Nations Unies sur le Commerce el le Développment (Cnuced), Ginebra, 8 de agosto de 2022
7. Sbeih Sbeih, Les projets collectifs de développement en Palestine: Diffusion de la vulgate néolobérale et normalisation de la domination, Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support, 2018
8. Jweremy Wideman et Alaa Tartir, “Unwilling to Change, Detemined to Fail: Donor Aid in Occupied Palestine in the aftermah of the Arab Uprisings”, Mediterranean Politics, 19:3, 2014, p. 431-449
Taher Labadi es investigador en Economía Política sobre Palestina y Oriente Próximo en el Institut Français du Proche-Orient (IFPO) de Jerusalén.
Traducción para viento sur: Loles Oliván Hijós
Fuente: https://vientosur.info/el-chantaje-de-la-financiacion-europea-somete-a-palestina/