Un rechazo contundente de organizaciones de la sociedad civil y víctimas recibe la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordena liberar de prisión “inmediatamente” al exdictador Alberto Fujimori.

Medida fue adoptada por 3 de 6 miembros del TC desacatando una resolución de la Corte IDH que ordenaba al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori por habérsele concedido un indulto irregular.

Los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse votaron a favor de liberar a Fujimori, en línea con la postura que expresaron en los últimos días públicamente.

Helder Domínguez tuvo un voto singular en que declaró improcedente el pedido; en tanto, en la reciente medida del TC no figuran las firmas de Manuel Monteagudo y César Ochoa.

Cuestionables argumentos

El fallo del TC declara fundado reponer la ejecución de una sentencia que este mismo órgano emitió el 12 de marzo de 2022 en la que se restituyeron los efectos del indulto a favor de Fujimori.

Dicho indulto había sido otorgado en diciembre de 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki, pero luego fue revocado por la Corte Suprema y Fujimori volvió a prisión en 2018.

Cuando el TC restituye los efectos del indulto en 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frenó su ejecución al emitir una resolución que obligó al Estado de abstener de implementar el indulto.

La resolución de la Corte IDH argumentó que el indulto no debía proceder ya que “no se cumplió con las condiciones determinadas” para liberar a Fujimori.

También indicó que la decisión de indultar a Fujimori se tomó “sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento” de su sentencia.

Sin embargo, desatacando esa resolución de la Corte IDH, este 5 de diciembre el TC revalidó su sentencia de 2022 y ordenó liberar a Fujimori “inmediatamente” del penal de Barbadillo donde cumple una condena de 25 años por corrupción y asesinato.

Para justificar su decisión, los magistrados del TC incluso desconocen la competencia de la Corte IDH para hacer seguimiento al cumplimiento de sentencias como las que pesan sobre Fujimori en el caso Barrios Altos y La Cantuta.

Rechazan indulto

La decisión del TC ha generado un rechazo inmediato de parte de organizaciones de la sociedad, de derechos humanos y de víctimas de los asesinatos perpetrados durante el régimen de Fujimori.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la liberación de Fujimori y resaltó que esta se da “en abierto desacatado a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

En la misma línea se han expresado representantes de Human Rights Watch y se espera el pronunciamiento de la Corte IDH que en días anteriores recordó al Estado su obligación de no liberar a Fujimori.

Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos por el gobierno de Fujimori, también expresó su rechazo a la medida.

“Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembre entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión”, señaló.

En efecto, expertos interpretaron hace seis años que Kuczysnki otorgó el indulto al encarcelado expresidente únicamente a cambio de obtener votos suficientes de congresistas fujimoristas para salvarse de una vacancia.

Pese a ello y a que existen otros caminos legales por los cuales Fujimori podría salir en libertad, se insiste en avalar un indulto irregular que podría traer repercusión para el Estado a nivel internacional, según expertos.

Por lo pronto, está en manos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, disponer la libertad de Fujimori por orden expresa del TC.

Fuentes periodísticas en Perú han confirmado que el gobierno de Dina Boluarte, sostenido por el Congreso actual afín al fujimorismo, no tendrá ningún problema en liberar a Fujimori en las próximas horas.

Mientras esto se procesa, desde las redes sociales la ciudadanía ya se autoconvoca para movilizarse en rechazo al indulto de Fujimori, tal como ocurrió en 2017.

Tras la posible excarcelación de Fujimori, ya se anuncian marchas en Perú contra la medida.

FUENTE: Servindi

Resumenlatinoamericano