Esta red de actividades ilícitas fue mapeada por una encuesta del Instituto Igarapé, una ONG que trabaja en las áreas de seguridad pública, climática y digital. Se analizaron un total de 369 operativos con participación de la Policía Federal (PF) en la Amazonía Legal entre 2016 y 2021.

“A partir del estudio, mostramos que los delitos ambientales en realidad no ocurren solos. Necesita mucho financiamiento y está rodeado de un ecosistema mucho más complejo”, dice Melina Risso, directora del Instituto. (Continúa después del video).

Las operaciones han crecido pero son insuficientes

La cara más visible del accionar de los delincuentes se encuentra en actividades que degradan directamente el bosque, como la tala ilegal, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras públicas y la agricultura.

Según la encuesta, la mitad de las operaciones analizadas están vinculadas a asociaciones u organizaciones criminales. Casi un tercio de las actuaciones están relacionadas con delitos violentos contra la persona, trabajo esclavo, tráfico de drogas o tenencia de armas, municiones y explosivos.

Según el Instituto Igarapé, la frecuencia de estos delitos ha ido en aumento. Las detenciones de armas, municiones y explosivos, por ejemplo, se duplicaron con creces entre 2016 y 2021. El estudio también señala que el 60% de los operativos se concentraron en más de una actividad ilegal.

“Hay una expansión de la deforestación y de las economías ilícitas. Si bien [los operativos policiales en la Amazonía] han crecido en el último año, aún son insuficientes para enfrentar el avance de los delitos ambientales”, enfatiza Risso.

La «capa vulnerable» es explorada por la parte superior de la pirámide

La minería aurífera fue la actividad que más se relacionó con delitos fiscales, blanqueo de capitales y otros delitos ambientales, como la contaminación. Los actos de corrupción y lavado de dinero están presentes en alrededor del 20% de las operaciones.

“Parece que el delito ambiental, para la seguridad pública, es casi un delito menor. Y lo que venimos demostrando es que es un crimen muy organizado, con una estructura pesada que financia esta dinámica y con otras repercusiones, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico.

El director del Instituto Igarapé señala la existencia de una “capa vulnerable” de personas utilizadas como mano de obra en grandes empresas ilegales. Es el eslabón más débil de las economías ilícitas en la selva.

“Incluso observamos trabajo esclavo, por ejemplo. Necesitamos tener medidas de protección que respondan a estos trabajadores que terminan involucrándose y siendo explotados por delitos ambientales”, advierte.

Datos para la impunidad

De las 369 transacciones analizadas, en 69 no se hizo pública la información sobre la evolución judicial. De las 300 demandas restantes, 56 (19%) fueron imputados por delitos ambientales y 57 (19%) fueron imputados únicamente por delitos no ambientales. Otras 24 operaciones (8%) no presentaron acusación alguna.

Para el Instituto Igarapé, el sentimiento de impunidad puede incentivar la continuación de los delitos. La encuesta concluye que el complejo escenario requiere una «superposición de competencias» de los órganos encargados de proteger el bioma.

El estudio también indica la necesidad de políticas de desarrollo socioeconómico que eliminen a los pequeños delincuentes del ecosistema del crimen. Por otro lado, es necesario responsabilizar a los principales y financistas por la devastación ambiental.

“La gravedad y alcance del daño ambiental tiene consecuencias para toda la población. Por eso, es una prioridad que coloquemos la lucha contra los delitos ambientales en el primer lugar de nuestra agenda política”, refuerza Risso.

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Traducción: Resumen Latinoamericano

Fuente: Brasil de Fato