Palestinian men walk past a section of Israel's separation barrier to cross the Qalandia checkpoint on their way to pray at the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, on the fourth Friday of the Muslim holy month of Ramadan, at the Qalandia checkpoint between the West Bank city of Ramallah and Jerusalem, Friday, July 10, 2015. (AP Photo/Majdi Mohammed)

El apartheid israelí y la triste realidad a la que son sometidos los palestinos

Alrededor del 70 % de todas las localidades dentro de los territorios ocupados son “sólo para judíos”; y a los ciudadanos árabes del país les están prohibidos vivir en ellas. Esta ha sido la política sostenida por las autoridades desde el establecimiento del Estado de Israel en tierras palestinas. Los medios y métodos pueden haber cambiado, pero la meta de Israel no lo ha hecho; esto es, el establecimiento de ciudades “libres de árabes”, que sean exclusivamente para aquellas personas consideradas de “etnia judía”, con el fin de establecer  paulatinamente una sociedad enteramente judía. No se trata de una discriminación ordinaria en favor de un grupo de ciudadanos; esto es apartheid en estado puro. A pesar de este hecho obvio, esta es una cuestión que la comunidad internacional prefiere no abordar, y por lo tanto, Israel continúa saliéndose con la suya.

La llamada Autoridad Territorial de Israel administra el 94% de las que fueron las tierras palestinas de 1948, en nombre de tres “propietarios” principales: Primero, el Estado de Israel, que reclama la propiedad del 69 % de la tierra de 1948, heredada del gobierno del Mandato Británico, la cual se considera incautada porque se alegó que no tenía dueños o simplemente fue confiscada. El segundo “propietario” es la Autoridad de Desarrollo, que reclama el 12% de la tierra del país, una tierra que le fue entregada porque pertenecía a personas “ausentes”; en otras palabras, porque eran propiedades que pertenecían a los palestinos que fueron limpiados étnicamente. El tercero es el Fondo Nacional Judío, que “posee” el 13% de la tierra. Un pequeño porcentaje de la tierra del FNJ fue incautado o comprado por el Fondo años antes de la creación del Estado de Israel. Sin embargo, la mayor parte de ella consiste en tierras que pertenecían a palestinos expulsados ​​de sus hogares en 1948, que luego fueron entregadas al FNJ como un regalo del gobierno de Israel después de que el Estado judío fuera establecido, como parte de lo que se conoce como el “Acuerdo del Primer Millón” y el “Acuerdo del Segundo Millón”.

La tierra propiedad del FNJ se usa solamente en beneficio de los judíos; para construir ciudades judías y para la implementación de proyectos que tengan que ver con el judaísmo. Cuando se dice que la tierra es propiedad del Fondo Nacional Judío, la Autoridad de la Tierra de Israel está designando explícitamente esa tierra como propiedad de judíos, que no puede ser vendida o arrendada a quienes no lo sean. Esto se basa en la afirmación de que el Fondo Nacional Judío es una “compañía privada” cuyo estatuto prohíbe la venta o arrendamiento de sus propias tierras a los no judíos. Además, cuando se dice que la tierra pertenece al Estado de Israel o a la Autoridad para el Desarrollo, la Autoridad de Territorial de Israel recurre a medios tortuosos y engañosos para lograr el mismo objetivo.

En 1995, la familia Qaadan de Baqah Al-Gharbiyah solicitó comprar una parcela para construir una casa en la vecina ciudad de Katsir. La respuesta fue clara. A la familia se le dijo que no podía poseer la tierra porque son árabes y no hay sangre judía en sus venas. Cuando la familia exigió una explicación por parte de la Autoridad de la Tierra de Israel, resultó que la tierra en la que Katsir fue establecido era “tierra estatal” que había sido arrendada por 99 años a “la Agencia Judía por la Tierra de Israel”, que a su vez había alcanzado un trato con la Cooperativa Katsir según la cual sólo los miembros de esta organización podían vivir en la ciudad.

La familia árabe Qaadan no tenía ninguna posibilidad de tener éxito en su intento de vivir en Katsir. La Cooperativa se niega a aceptar miembros árabes y la Agencia Judía se niega a arrendar tierras a los no judíos, bajo el pretexto de que su estatuto lo prohíbe. Es de una manera tan fascista como esta con la que Israel logró establecer cientos de ciudades judías en la tierra de Palestina ocupada desde 1948. Sin embargo, la familia Qaadan no se rindió y llevó su caso ante el Tribunal Superior de Justicia. Como ocurre a menudo en tales casos, después de muchos años de detención, el tribunal dictaminó que era ilegal rechazar la solicitud de Qaadan basándose en motivos raciales.

Era impensable que el establishment israelí cambiara su política y abriera la puerta a que los ciudadanos árabes vivieran en igualdad de condiciones a los judíos dentro de ciudades como Katsir. Como tal, se esperaba que las autoridades buscaran tácticas cada vez más rebuscadas y engañosas para aplicar su política de apartheid. Esto vino en forma de una nueva decisión tomada por la gerencia de la Autoridad Territorial de Israel el 1 de agosto de 2004, bajo la referencia número 1015. Este Decreto ordenaba el establecimiento de “Comités de Aprobación” dentro de las localidades que son habitadas por menos de 500 familias, como los son la mayoría de las ciudades agrícolas. Estos comités tienen el poder de decidir a quién rechazan y a quién aceptan entre los solicitantes de residencia en sus ciudades. Cada comité tiene cinco miembros. En las ciudades agrícolas – los conocidos kibutzim-, la propia cooperativa es la encargada de decidir la identidad de los miembros del comité de aprobación. En los otros pueblos se incluye un representante de la Agencia Judía o de la Histadrut Sionista (el sindicato nacional israelí), un alto funcionario del Ministerio de Vivienda, un representante de la cooperativa, un representante del consejo provincial y un representante de los movimientos de asentamientos.

Esta normativa número 1015 establece estos Comités de Aprobación en un total de 838 localidades, es decir, en el 70% de todas las localidades habitadas de Israel. Estas ciudades y sus consejos provinciales controlan el 81 % de la tierra estatal, lo que significa que los árabes se deben mantener fuera de estas ciudades y las parcelas de tierra se reservan solamente a los judíos. Estos comités no están cualificados profesionalmente para examinar la elegibilidad de los candidatos que solicitan la residencia. No es casualidad que no hayan aprobado ni a una sola familia árabe para residir en ninguna parte. Después de todo, su tarea, ante todo, es cerrar la puerta de un portazo a las familias árabes.

Y eso no es todo. Cuando el territorio de una determinada ciudad incluye tierras de propiedad árabe, la residencia en esta parte del territorio se declara prohibida y la tierra se suele designar como “en barbecho” o “tierra agrícola”, pero nunca como lugar donde se permita residir a los árabes. La Autoridad Territorial de Israel hará todo lo posible para intercambiar dichas tierras. Si no puede, recurrirá a amenazas contra los propietarios árabes de la tierra, que pueden acabar siendo embargados.

En 2006, la familia Zbaidat de Sakhnin solicitó un permiso de residencia dentro de la ciudad de Rakifet, que pertenece al consejo provincial de Mesgaf. El comité de aprobación de Rakifet, como era de esperar, rechazó la solicitud presentada por la familia árabe en una decisión que sólo puede describirse como racista. La familia Zbaidat también presentó una queja al Tribunal Superior de Justicia en 2007, que condenó como racista y una violación de los derechos humanos fundamentales la decisión del comité de aprobación de rechazar su solicitud y criticó la decisión de la Autoridad Territorial de Israel de conceder a los Comités la facultad de negar a los ciudadanos árabes el acceso al 70% de las ciudades del país.

En 2011 y después de que la Corte Suprema hiciera sus observaciones sobre la ilegitimidad de la decisión 1015 y las enmiendas que le siguieron, el gobierno israelí tomó un paso preventivo, preparando un proyecto de ley titulado “Modificación de la Ley de Cooperativas (Nº 8): Comités de Aprobación”. De esta manera, el gobierno legitimó los Comités de Aprobación y les otorgó un estatus legal. Posteriormente, el Adalah Center – el grupo legal para los derechos de la minoría árabe en Israel – presentó una petición al Tribunal Superior de Justicia apelando contra esta enmienda. Sin embargo, en 2014 el Tribunal Supremo rechazó la petición de Adalah y declaró que la ley que pretende poner en práctica lo que es a todos los efectos un proyecto de apartheid,  es constitucional.

Lo que sucede dentro de los territorios ocupados no es sólo discriminación contra un segmento de los propios ciudadanos del país; es también la implementación de un proyecto claramente de apartheid. ” El Apartheid Israelí” no es sólo otro eslogan político; sino la realidad cotidiana de la vida para muchas personas en el Estado sionista.

Fuente: Palestina Libre

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