Puerto Rico cuenta con un régimen político de Estado Libre Asociado con EE.UU., estatus en el que la isla tiene de menos condiciones de autogobierno que la autonomía concedida por España desde la colonización de América.

Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos pese a que le llamen, desde 1952, “Estado Libre Asociado”. Es un territorio con un autogobierno limitado que posee una constitución para el manejo de sus asuntos internos pero cuya soberanía la ejerce el Congreso estadounidense. 

Washington decide todo lo relacionado a su sistema financiero, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales con ningún país ni recibir en sus puertos barcos con banderas diferentes a las de Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y su moneda es el dólar.

En la isla viven 3 millones 725 mil 789 ciudadanos (Censo 2010) mientras que en Estados Unidos viven aproximadamente 4 millones 623 mil 716 puertorriqueños. Este éxodo no muestra precisamente los “beneficios” de ser una colonia norteamericana.

El pasado miércoles 3 de mayo, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló declaró al país en bancarrota y anunció que buscará mediante este mecanismo reestructurar la deuda pública, está, en palabras de su gobernador Alejandro García Padilla, al borde del default, en la quiebra financiera, con una deuda que supera los 73 mil millones de dólares, tras “ocho años de crecimiento económico negativo”.  

Para los analistas financieros el país tendría que implementar las acostumbradas medidas neoliberales y reestructurar su deuda pública, disminuir la nómina estatal, reducir subsidios y gastos en electricidad y transporte y privatizar empresas públicas. Sin embargo, estas medidas no contemplan en ninguna parte que el Gobierno estadounidense permita la inyección de liquidez ni proteja su estructura financiera.

EL DATO: Puerto Rico es propiedad estadounidense pero no está integrada a sus leyes como un estado más, no forma parte de éste al momento de acceder a un recurso de la legislación federal, como declararse en bancarrota para obtener protección legal ante sus prestamistas, pese a que sigue subordinada a las políticas financieras de Washington.

El analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de PR, Dr. Lajos Szaszdi León Borjas, afirma que la alta competitividad de los comercios estadounidenses no dejan emerger a los locales puertorriqueños que representan las fuentes generadoras de ingresos.

“Puerto Rico es una colonia económica de Estados Unidos, los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de puertorriqueños han cerrado por no poder competir con los negocios del norte como las Farmacias Walgreens, Farmacias CVS, Tiendas Home Depot, Mc Donalds, Burguer King, Pollos Kentucky, en resumen, Puerto Rico está colonizado por productos norteamericanos y ésta es una de las razones por las cuales a Estados Unidos no le conviene la independencia de la isla porque reduciría la posición privilegiada de sus compañías”, señaló. 

Esta deuda -consecuencia del mal uso de fondos, corrupción o el retiro de beneficios económicos que antes generaban riquezas y que ayudaban a mantener el presupuesto de la isla- ha generado una recesión, y todo esto ha ocurrido bajo la vigilancia de Washington porque Puerto Rico es un territorio estadounidense.

Así que el gran responsable de la deuda de Puerto Rico es la nación del norte -después de los malos gobiernos puertorriqueños-, por haber permitido que la isla perdiera fuentes de riqueza y no supervisar su endeudamiento, asevera León Borjas.

Sumido en este escenario, Puerto Rico no puede asumir decisiones soberanas que solucionen su crisis económica y social actual ni optar a los fondos de rescate. Por ello, el monto “impagable” de su deuda será cada vez mayor.

La crisis del Estado Libre Asociado


La isla se mantiene en una grave crisis económica, con una tasa de pobreza de 45 por ciento, un desempleo que supera la media de Estados Unidos mientras la población decrece a causa de la emigración a Estados Unidos. 

En el año 2015 se comenzó a implementar una serie de medidas en el país que van en contra del servicio público y de los habitantes, como un nuevo impuesto del 11.5 por ciento para algunos productos y servicios, así como el congelamiento de los convenios colectivos para empleados del sector público y que incluye la eliminación del bono navideño.

El país adeuda 12.096 millones de dólares en bonos y cerca de 240 millones a empresas que prestan servicios al Gobierno.

El procedimiento está amparado en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la Ley Promesa. Dicha ley, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, prevé un proceso de reestructuración de la deuda pública bajo la supervisión de una Junta.

El gobernador Rosselló indicó que la activación de la medida busca “trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal”. La idea del Gobierno puertorriqueño sería poder hacer frente a las obligaciones del Ejecutivo pero “priorizando el interés de los ciudadanos”

El proceso de bancarrota en Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.

Bajo esta Ley Promesa, Puerto Rico tendrá sus finanzas bajo el tutelaje de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF)  nombrada desde Washington. Esto podría imponer a la isla un plan de austeridad, reformar la legislación puertorriqueña y ajustar sus prioridades económicas. La Junta funcionará hasta que la isla tenga cuatro años seguidos sin déficit fiscal.

La lucha por la independencia


En medio de la crisis económica que atraviesan los puertorriqueños, continúan los esfuerzos de los patriotas por lograr su independencia.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) informó en febrero de 2015 sobre el inicio de una ofensiva internacional para que el Gobierno de los Estados Unidos inicie un proceso de descolonización sobre el territorio nacional.

Según el secretario general del PIP, Juan Dalmau, la decisión fue tomada luego de la participación de Rubén Berríos, en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebró ee mismo año en Costa Rica.

Fuente: TeleSur