Por Alejandra Hayon | Página 12 |

“Este mes tenemos que resolverlo”, confirmó su apuro el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que anticipó la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido bajo la órbita de su ministerio, integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas para prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. El anuncio va en la línea con la doctrina elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, que según aseguran los especialistas promueve la intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. “Está en los límites de lo que fija la ley, vamos hacia un Estado gendarme”, advirtió el diputado Agustín Rossi, ex ministro de Defensa.

“Una de las cuestiones en las que estamos pensando, no a largo plazo, sino que este mes tenemos que resolver, es la creación de una fuerza de despliegue rápido”, dijo Aguad, que el próximo jueves partirá para Miami, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reunirse con funcionarios estadounidenses y recibir asesoramiento. Aguad explicó que la nueva fuerza incorporará elementos de las tres armas –hoy solo existe en el ámbito del Ejército– con el objetivo de brindar apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“No significa que las Fuerzas Armadas se van a involucrar en el tema de seguridad, porque está prohibido por ley”, aseguró en un primer momento el ministro, aunque acto seguido aclaró que la nueva fuerza funcionaría como un “apoyo” en temas de seguridad interior. “Tiene que ver con darle un apoyo, el Ejército tiene en condiciones operativas 40 mil hombres que pueden prestar una gran colaboración en materia de seguridad interna pero en el tema logístico”, reafirmó. También consideró que las Fuerzas Armadas deben rediseñarse y prepararse para las “nuevas amenazas”.

La Ley de Seguridad Interior limita la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna; sólo las habilita en casos extremos de excepcionalidad, con la declaración del estado de sitio. Por eso, la creación de la nueva fuerza aparece como una posible puerta de entrada para la participación de los militares en asuntos internos.

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó la iniciativa. “La ley prevé el apoyo logístico y eso ya existe hoy. Por ejemplo, poder utilizar los aviones del Ejército o camiones para llevar suministros a un puesto sanitario. Pero en ningún caso significa una fuerza de despliegue rápido armada. ¿Para qué querés una fuerza así si no es para actuar en seguridad interior?”, se preguntó el diputado del FpV, poniendo en duda las intenciones del gobierno de Cambiemos. Ayer, la ministra Bullrich confirmó que su cartera busca modificar la doctrina de seguridad para “invertir la carga de la prueba y otorgar el beneficio de la duda” a los policías que participen en enfrentamientos.

En diálogo con PáginaI12, Rossi consideró que la creación del nuevo escuadrón responde al alineamiento de la política de seguridad nacional con el Comando Sur de los EE.UU., que involucra a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.    

–¿Cómo evalúa la experiencia de esta doctrina en los países de la región?

–El Comando Sur es la representación del Pentágono para América latina. En ninguna región del continente donde se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate narco ha habido resultados positivos. Por lo contrario, el efecto fue el inverso: generó un espiral de violencia en la sociedad. Tal vez la experiencia más negativa en este sentido sean los Zetas de México.

–¿Qué hay por detrás de la creación de la nueva Fuerza de Despliegue Rápido?

–La creación de esta fuerza es una manera de empezar a involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Y no está disociado del rumbo que ha tomado la política de seguridad tras el caso Chocobar, que fue respaldado hasta por el Presidente. Vamos hacia un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo y mayor violencia institucional.

–¿El límite está en la Ley de Seguridad Interior?

–Argentina y Uruguay son los únicos dos países de América Latina que tienen claramente limitado el uso de las Fuerzas Armadas. Si no tienen pensado violar la Ley de Seguridad Interior, no tiene sentido armar una fuerza de despliegue rápido.

A pedido de quién

El antecedente de esta nueva fuerza sería el decreto de enero de 2016 que habilitó el derribo de avionetas no identificadas, supuestamente en manos del narcotráfico, por parte de la Fuerza Aérea. Para muchos, el decreto fue una manera de obviar la Ley de Seguridad Interior y permitir de manera “oblicua” el accionar de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. La doctrina de las nuevas amenazas podría ser la puerta de entrada para la militarización de diferentes territorios y el ingreso de fuerzas extranjeras, que hoy necesitan una autorización expresa del Congreso.

Para la especialista en seguridad y narcotráfico Paola Spatola, la creación de esta nueva fuerza implica un peligro: “Una cosa es que las Fuerzas Armadas reemplacen a las fuerzas de seguridad en el resguardo de objetivos estratégicos, eso es viable y se hace. Otra muy distinta es que presten colaboración, con despliegue incluido, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, dijo la académica. Para Spatola, otro punto oscuro del nuevo comando es quién va a poder requerir su actuación: ¿será un juez que instruya alguna causa por narcotráfico o será el Ejecutivo? “No es un dato menor quién va a requerir y supervisar cómo se ajusta el actuar de una fuerza con despliegue. Si va a quedar a disposición del Ejecutivo, van a terminar haciendo tareas que exceden La ley de Defensa”, remarcó la especialista.

Spatola también opinó que las experiencias de los países vecinos no llevan a pensar en una intervención exitosa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sumado a que las fuerzas no están capacitadas para eso. “Sería mucho más proactivo generar una fuerza federal dedicada a los delitos complejos”, dijo, y remarcó otro dato preocupante de las funciones de la nueva fuerza: el cuidado de los recursos naturales, lo que podría utilizarse contra los pueblos originarios que reclaman el acceso a sus tierras ancestrales. “Plantear esto es peligroso, es contribuir a formar el enemigo interno –finalizó Spatola–. Son situaciones que se resuelven a través del diálogo y consenso.”