Por Eugenia López | Avispa Midia | 

Un año y ocho meses del asesinato, el 31 de noviembre, el Grupo Asesor Independiente de Personas Experta (GAIPE) – un grupo formado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala que se formó después de los hechos para investigar acerca del asesinato – presentó el informe “Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”. Su investigación independiente fue realizada por pedido de la familia de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quienes temían que las autoridades no llevarían a los autores intelectuales a la justicia.

Luego de un año de arduo trabajo, el grupo concluye que el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de control y neutralización de cualquier oposición que pusiera en riesgo la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Más allá, el GAIPE plantea que no es un hecho aislado sino que “responde a una política sistemática de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, dentro de un contexto de violencia generalizada que afecta a todas las personas radicadas en Honduras”. Cabe señalar que más de 120 activistas ambientales han sido asesinados en Honduras desde 2010, por lo que es el país más peligroso del mundo para las y los defensores del medio ambiente, de acuerdo con Global Witness.

Para llevar a cabo su investigación, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras, entrevistó a más de treinta personas, estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diferentes procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

En base a esta investigación, el GAIPE denuncia la participación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y del gobierno hondureño en el ataque. “Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de la empresa constructora de la represa DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016”, dice el informe.

Según el informe, la estrategia empezó por un trabajo para desestabilizar a la comunidad corrompiendo a ciertos sectores de la población y rompiendo el tejido social.

“Los directivos de DESA organizaron e instrumentalizaron a miembros de las comunidades para que se constituyeran en una fuerza opositora a las demandas del COPINH, lideradas por Berta Isabel Cáceres Flores, con el propósito de aparentar respaldo comunitario y justificar sus acciones ante el sistema financiero y agentes estatales”, podemos leer.

Por otro lado, la empresa se encargó de criminalizar y hostigar a Berta Cáceres y los demás integrantes del COPINH mediante pagos a informantes, contratación de sicarios, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección los empleados de la empresa y la persecución del COPINH. “Se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato”, dice el informe.

A lo largo de la investigación, el GAIPE señala también la responsabilidad de varias instituciones internacionales en los hechos. Según el grupo, el clima de violencia “se ha visto incrementado a partir de las políticas de explotación de recursos naturales y bienes del Estado, impulsadas por el gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales.”

Más precisamente, el GAIPE estableció que hubo “negligencia deliberada” por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia, ya que estas instituciones “tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales”.

Hasta la fecha ocho personas han sido detenidas por el gobierno hondureño, acusadas de ser autores materiales del asesinato. El COPINH y la familia de Cáceres siguen exigiendo llegar a los autores intelectuales.

A continuación, el comunicado del COPINH “¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya!” :

El 4 de marzo de 2016, apenas unas horas después del asesinato de nuestra Coordinadora Berta Cáceres, el COPINH y las hijas e hijo de nuestra compañera denunciamos que su asesinato provenía de la lucha que ella lideró en contra de la empresa DESA por la oposición de la comunidad de Río Blanco en contra del proyecto de muerte Agua Zarca.

Hoy, a 20 meses de su asesinato, el grupo de investigadores del GAIPE nos corroboran con la mayor objetividad posible, la vinculación inequívoca de esta empresa asesina, de sus dueños, directivos y empleados en la persecución, criminalización, estigmatización que sufrió, así como en la planificación, coordinación y ejecución de su asesinato.

La corroboración de las acciones para su asesinato, no parte de testigos ni de suposiciones, parte de las palabras mismas de sus autores, de sus conversaciones telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp. Son ellos mismos quienes se involucran. La información obtenida de sus propias palabras son la clave.

La información analizada por el GAIPE es la misma que tiene en su poder el Ministerio Público desde por lo menos el 2 de mayo de 2016, lo que quiere decir que desde hace año y medio las autoridades tienen las pruebas y no han tenido la mínima voluntad de ir tras los autores intelectuales. El manto de la impunidad cubre toda la investigación y lo hemos denunciado desde el inicio. Todas las irregularidades, robo de información, falta de transparencia, ilegalidades, atrasos y suspensiones de audiencias son entendidas ahora con el objetivo de querer encubrir a los autores intelectuales por parte del Ministerio Público hondureño, obviamente presionado por parte del ejecutivo y los grupos empresariales detrás del asesinato.

Se demuestra una vez más la captura del Estado por parte de una mafia asesina en la que las víctimas somos todo el pueblo hondureño y en especial los pueblos indígenas. Se demuestra una vez más que la clase económica, beneficiada por el golpe de Estado del 2009, cree que puede hacer lo que quiera sin que tengan que pagar las consecuencias.

El COPINH no se opone al desarrollo de Honduras, a lo que nos oponemos es a que este “desarrollo” signifique la muerte de nuestras comunidades, nuestra identidad y nuestros territorios, nos oponemos a que gente “tragiversadora” se llenen los bolsillos de dinero a costa de nuestras muertes, a costa de la muerte de Berta Cáceres y todas aquellas personas que luchamos contra este sistema injusto en el que las mayorías somos reprimidas para el disfrute de pequeños grupos económicos.

La producción de supuesta “energía renovable” o “energía limpia” son simples discursos baratos de empresarios que ven en la producción de energía un negocio y están dispuestos a pasar por encima de lo que sea, por supuesto por encima de la ley y los pueblos, para sacar todas las ganancias posibles.

El asesinato de Berta Cáceres no va quedar impune, el COPINH, el pueblo Lenca y todas las personas con dignidad en Honduras y en el mundo vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, para que se castiguen a los autores intelectuales y para que no tengan que suceder más estas muertes. Para que los pueblos sigamos defendiendo nuestros territorios.

La empresa Desarrollos Energéticos S.A. dirigida por David Castillo, miembros de la familia Atala Zablah, y otros directivos, constructora del Proyecto Hidroeléctrico de muerte Agua Zarca, financiada por los bancos BCIE, FMO y FinnFund; apoyada por la USAID, SERNA (MiAmbiente), Banco Ficohsa, Voyth Hydro-Siemens, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y fuerzas privadas de seguridad, el COHEP y la AHER, fue la empresa que asesinó a Berta Isabel Cáceres Flores, lo hemos dicho desde el principio y ha sido ratificado por la reciente investigación.

Por lo cual, el COPINH exige:

La captura, juicio y condena para todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución al COPINH.
La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa criminal y asesina Desarrollos Energéticos S.A. DESA.
Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veeduría por parte de organismos internacionales.
La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la Familia, involucrados en el caso, en búsqueda de justicia.

Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado.

Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños a seguir avanzando en la defensa de los territorios y la vida. A demostrar que Berta no murió, sino que se multiplicó.

Convocamos a la solidaridad internacional a que nos acompañe en estas exigencias de justicia.

¡Berta Vive, COPINH sigue!
¿Qué exigimos? ¡Justicia!
¡Castigo para los autores intelectuales!

#DesaAsesina #20MesesSinJusticia #JusticiaParaBerta #DondeEstanLosAutoresIntelectales

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!