El fallo era esperado con ansias por varios sectores de la sociedad civil de todo el mundo, tras las audiencias que se llevaron a cabo en octubre de 2016. Se trata de un tribunal popular, integrado por seis juristas con una sólida experiencia en la magistratura, que fue conformado a pedido de actores sociales, explicó a Sputnik el médico Damián Verzeñassi, uno de los testigos del juicio.

En base a las pruebas aportadas por científicos, el tribunal —cuyo fallo es consultivo, al no ser un órgano oficial— determinó que los organismos genéticamente modificados (OGM) y los pesticidas de la empresa la vuelven culpable de “ecocidio”, por provocar “una acción de destrucción ambiental permanente y consistente, dirigida a alterar la vida en los territorios”, indicó Verzeñassi.

“Desde el punto de vista jurídico, es un paso muy importante. Una vez hecho este reconocimiento el tribunal hizo algo que no previmos: sugerir con fuerza que se modifique el Estatuto de Roma para que las corporaciones puedan empezar a ser juzgadas por delitos de lesa humanidad. Hasta el día de hoy, la Corte Penal de La Haya solo puede juzgar a personas físicas o los Estados”, comentó el médico argentino, un notorio activista que ha documentado el efecto nocivo de pesticidas como el glifosato en las poblaciones a proximidad de monocultivos de soja transgénica.

Verzeñassi, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, destacó los argumentos del dictamen de la jueza senegalesa Dior Fall Sow, que opinó que los Gobiernos que permiten el uso de los productos de la empresa son “cómplices del delito de ecocidio”.

El argentino precisó que los Estados tienen responsabilidad, ya que han firmado convenios internacionales para garantizar la protección al medioambiente, la salud, la alimentación saludable y la libertad científica.

El académico también destacó la parte del dictamen a cargo del juez mexicano Marcos Orellana, “un reconocimiento de que la introducción de OGM en los territorios puede considerarse un crimen”, pues están asociados “al uso cada vez mayor de venenos”, algo que ha sido “claramente demostrado en la salud de los territorios” con este tipo de cultivos.

“Al mismo tiempo, se demostró que estos OGM generan contaminaciones en producciones no transgénicas, entonces violan los derechos comerciales y de producción de quienes deciden no usar este tipo de elementos. Finalmente, estos agentes fueron introducidos en los territorios y liberados en sus estructuras comerciales sin pruebas científicas fidedignas y confiables de que son inocuos”, valoró.

Aunque el fallo no obliga a Monsanto a cumplir ninguna sanción, “le genera una condena social muy importante” en un momento en el que la compañía tiene una oportunidad para “limpiar su cara” tras ser comprada por Bayer.

Los movimientos sociales, dijo Verzeñassi, temen que este cambio de propiedad sea una “estratagema comercial” de ambas empresas. En ese sentido, el argentino recordó los crímenes contra el territorio de la petrolera Texaco en Ecuador. Esa firma fue adquirida luego por Chevron, que se deslindó de toda obligación relativa a los desastres ambientales de la explotación petrolera previa a la compra.

“Pensamos que algo similar puede hacer Bayer, con el agravante de que es vendedor de productos farmacológicos que se usan para tratar las enfermedades que se generan con los productos agroindustriales de Monsanto”, comentó el activista.

Asimismo, recordó el rol que tuvo Monsanto en la Guerra de Vietnam. La trasnacional es “productora y proveedora del agente naranja que usaba el Ejército de EEUU para arrasar los territorios vietnamitas”, evocó. En 1966, cuando un juzgado popular integrado por intelectuales como Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell abordó el conflicto, no existía la perspectiva de poder someter a las corporaciones a la Justicia internacional como ahora propone el TIM.

La jueza argentina Eleonora Lamm, integrante del TIM, dijo a Sputnik que se “recalcó la importancia de que las empresas empiecen a jugar otro papel en el Derecho, no solo en el local, sino especialmente en el internacional” a partir de un “interés general” desde el ámbito social y académico.

“En el Derecho Internacional se les exigen cosas a los Estados. La idea ahora es evolucionar en este sentido, para empezar a hacerlo a las empresas. Se procura que el ecocidio sea efectivamente incorporado en la Corte Penal Internacional. No sabemos si va a pasar o cuándo, pero lo cierto es que ya que se esté planteando en alguna instancia la necesidad de que esto sea incorporado a un marco legal internacional”, indicó la magistrada.

Esta perspectiva jurídica que se basa en la protección de los derechos humanos y no de los económicos es “algo importantísimo”, ya que “hay una brecha muy grande” entre las dos categorías. Según la jueza, a veces los magistrados de cada país tienen dificultades para encontrar los argumentos para dictar sentencias en casos de ecocidio. La relevancia de los integrantes del tribunal y las pruebas aportadas en el juicio les darán herramientas sólidas para poder utilizar de ahora en más.

Fuente: http://bit.ly/2oYYOiA